“Poder Familiar de la Federación”
¿Quién es el dueño del McLaren?
Ni le pregunten al contralor municipal
San Luis Potosí continúa destacándose a nivel nacional por la imparable corrupción en todos los rincones de la administración pública. Del Congreso del Estado al Poder Judicial, pasando por la Auditoría Superior del Estado o la Procuraduría General de Justicia, no parece haber una sola institución, dependencia u oficina exenta de personas ávidas de aprovechar el breve periodo de tiempo en sus cargos para beneficio personal o familiar.
La indignación generada al interior de la PGJE por el asesinato del agente del Ministerio Público, Raúl Serralde, sirvió para que algunos trabajadores se atrevieran a denunciar la existencia de irregularidades como la contratación de personal no calificado, cobro de cuotas y retraso en los pagos.
A decir del personal de la Procuraduría, una buena parte de quienes actualmente se desempeñan como ministerios públicos no perciben los ingresos correspondientes a su cargo; sino que se les paga como “orientadores” o “auxiliares”. Por razones poco claras los ministerios públicos de contratación reciente no tienen estabilidad salarial, pues llegan a trabajar uno o dos meses sin recibir ningún tipo de remuneración por su trabajo.
A pesar de lo anterior, para el personal de la PGJE hay asuntos que requieren atención especial como el hecho de que el procurador, Federico Garza Herrera, nombrara como director de un área importante a un amigo de uno de sus hijos a sabiendas de que no contaba con la experiencia ni la capacitación adecuada para ocupar ese puesto.
Luis Lauro Barrueta Niño es el nombre de quien dejó su empleo como mozo de oficina en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado para convertirse en director del Centro de Solución de Controversias en la Procuraduría de la mano de Garza Herrera. Ambos pasaron por alto la máxima: “el primer acto de corrupción que un funcionario público comete es aceptar un cargo para el cual no tiene las competencias necesarias”.
Otro que parece andar por esos pasos es el subprocurador de Procedimientos Jurisdiccionales, Aarón Edmundo Castro Sánchez, a quien acusan los propios trabajadores de carecer de preparación, de dar trabajo dentro de la Procuraduría a sus parejas sentimentales y de cobrar cuotas semanales a los agentes del Ministerio Público.
Por si eso no fuera poco, en medios nacionales se dio la noticia de que fue entregado al Consejo de la Judicatura y a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación un estudio que puso al descubierto la corrupción dentro de los circuitos que conforman el Poder Judicial Federal. Para no perder la costumbre, San Luis Potosí se ubicó entre las cinco entidades donde más se practica el nepotismo.
El estudio señala que de los 23 jueces y magistrados que componen el noveno circuito del Poder Judicial Federral en el estado, 16 de ellos han realizado alguna maniobra antijurídica para colocar a sus familiares en la nómina judicial. Siguiendo el ejemplo de sus jefes, de los 666 empleados con los que cuentan, 210 han logrado colar a sus parientes para que obtengan un lugar en el rebautizado “Poder Familiar de la Federación”.
Mención aparte merece un magistrado que logró llevarse el segundo lugar como uno de los tres “casos extremos” en todo el país por el descaro con el que han mal utilizado su cargo para garantizarle una buena vida a su hijo, hermanos, cuñados, primas y sobrina.
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La polémica acerca de quién es el dueño del costoso McLaren 570s que fue visto en las calles de la capital potosina no ha llegado a su fin. La versión que algunos dan por buena es que Ricardo Gallardo Cardona, hijo del alcalde de la capital, es quien desembolsó los más de cinco millones que cuesta ese automóvil para añadirlo a su colección.
Ayer por la mañana varias personas en redes sociales comenzaron a circular imágenes de un mensaje escrito vía Twitter por el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, Martín Juárez Córdova, en el que supuestamente el líder priísta desmentía que el vehículo fuera de Gallardo Cardona y le atribuía la propiedad a un lotero. “Ciudadano, el McLaren es del lotero de seminuevos Mendoza”, se lee en la cuenta @PresidentePRI_
Por la tarde, Juárez Córdova informó que presentó una denuncia contra quien resulte responsable por el delito de suplantación de identidad y lamentó que se pretenda “demeritar” el trabajo que realiza el PRI. Aclarado ese punto, permanece la duda: ¿quién es el dueño del McLaren?
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En el Tribunal Electoral de San Luis Potosí declararon infundado el procedimiento sancionador aprobado por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) en contra del presidente municipal, Ricardo Gallardo Juárez, por considerar que la utilización de la palabra “gallardía” en publicidad institucional era un acto de promoción personalizada.
La resolución del Tribunal no significa que el uso de ese término estuviera dentro del marco legal o que no violara ninguna norma; sino que los consejeros electorales, en su momento, decidieron que era la Auditoría Superior del Estado la encargada de determinar si se había incurrido en actos anticipados de campaña.
Por tal motivo, el Tribunal Electoral ordenó al contralor municipal, Enrique Alfonso Obregón, para que sea él quien decida si se debe iniciar un procedimiento en contra de Ricardo Gallardo Juárez. Ni falta hace que le pregunten o que se adentre al estudio del caso, tomando en consideración cómo ha actuado desde que inició la administración municipal, con toda seguridad, el resultado favorecerá al alcalde.
(Redacción: Jaime Nava)
