Stella Calloni, corresponsal de La Jornada
Buenos Aires. Por mayoría de tres jueces contra dos, la Corte Suprema de Justicia de Argentina declaró que el beneficio del 2×1, que permite a prisioneros computar como doble los días que pasaron sin sentencia firme, a partir del segundo año de detención, es aplicable para la penas por delitos de lesa humanidad, beneficiando a los condenados como responsable de esos crímenes durante la pasada dictadura militar (1976-1983).
La medida, que provocó un fuerte impacto en los organismos de derechos humanos locales e internacionales, así como en los sectores políticos, fue firmada por Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti -ambos jueces nombrados por el presidente Mauricio Macri- y se abstuvieron el presidente de la corte Ricardo Lorenzetti y el juez Juan Carlos Maqueda, pues consideran que esa reducción no es aplicable a los delitos de lesa humanidad.
“Esto es abominable. El gobierno intenta borrarnos”, advirtió Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, en su primera reacción, antes de una conferencia de prensa.
También estiman que no es una coincidencia que la cúpula de la Iglesia católica planteara “la reconciliación” entre las familias de las víctimas del terrorismo de Estado y la de los militares responsables de estos crímenes, condenados por juicios históricos.
“Basurean la memoria de nuestros hijos. Es un día nefasto”, sostuvo Taty Almeyda, de Madres Línea Fundadoras, que el pasado 30 de abril cumplieron 40 años de lucha contra la impunidad y en defensa de la memoria, la verdad y justicia.
En la conferencia de prensa señalaron que esa reducción no es aplicable a los delitos de lesa humanidad; “es una estafa a la moral social, nos están destruyendo no sólo en lo económico, sino en lo moral. Estoy indignada, sorprendida. Nos están destruyendo física y moralmente. Es un retroceso. Es una justicia impura”, dijo De Carlotto, y expuso: “estos delitos no concluyen hasta que no se sepa el destino de los desaparecidos y de los nietos apropiados”.
La presidenta de Abuelas denunció que la resolución del máximo tribunal “deja abierta la posibilidad de que los represores condenados por delitos de lesa humanidad queden en libertad”.
Destacó que a los organismos les “llama la atención” que la juez Elena Highton de Nolasco haya cambiado la postura que mantuvo en años anteriores en causas por delitos de lesa humanidad. “Votó en el sentido opuesto y en línea con los vientos de impunidad vigentes”, dijo. También convocó a “todo el pueblo” a “defender los derechos conquistados que son la clave para garantizar el Nunca Más en nuestra sociedad”.
Para Charly Pisoni, de HIJOS, este fallo demostró que los organismos de derechos tenían razón cuando objetaron las designaciones de los jueces Rosatti y Rosenkrantz porque “no tenían la idoneidad moral para ocupar esos cargos”. “Este fallo hace que nuevamente nos encontremos con los asesinos de nuestros padres en las calles”, señaló.
Por su parte, Horacio Verbistky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) dijo que se trata de “una ofensiva llevada adelante con una notable hipocresía”.
“No puede haber reconciliación porque ninguno de los genocidas admitió los crímenes, ni pidió perdón, ni buscó reparar el daño causado”, añadió.
En el otro extremo, Cecilia Pando, defensora de la dictadura que caracteriza a los detenidos por delitos de lesa humanidad, como “presos políticos” tuiteó: “¡Excelente fallo de la Corte!”.
También el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, defendió el fallo y dijo que siempre estuvo de acuerdo con que “los derechos humanos son para todos” y “por sobre todos nosotros está el marco regulatorio de la ley”.
