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Costa Rica ha optado por una política de mano dura y la construcción de una cárcel de alta seguridad donde recluirá a sus criminales más peligrosos como parte de su estrategia para combatir el narcotráfico.
El Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado, que será inaugurado este miércoles por la presidenta, Laura Fernández, emula al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), erigido por el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, quien logró reducir los asesinatos a un mínimo histórico pero acumula denuncias por abusos durante el estado de excepción que rige desde 2022 en su país y que ha dejado más de 91 mil encarcelados.
La nueva prisión costarricense, levantada en el centro del país a un costo de 35 millones de dólares y con capacidad para mil 100 presos, fue una promesa del ex presidente Rodrigo Chaves (2022-2026) y podría aliviar la superpoblación penal que supera 46 por ciento, de acuerdo con el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, una entidad oficial.
“Ahora vemos asesinatos en todos lados, mucha gente tiene miedo aunque no tenga nada que ver con los narcotraficantes”, declaró a The Associated Press el administrador de empresas Carlos Ávila.
Costa Rica fue durante décadas una zona de tránsito “pasivo” de drogas provenientes de Sudamérica, de acuerdo con la organización Insight Crime. Pero sin ejército, con mucha selva y puertos en ambos océanos, comenzó a ser atractivo para los cárteles mexicanos y colombianos.
A fines de la década pasada una nueva terminal de carga convirtió el caribeño puerto de Limón en un punto de almacenamiento y transbordo de cocaína hacia Europa, según el Departamento de Estado estadunidense que, en un informe de 2025, también detectó la distribución de fentanilo en el país centroamericano.
