Stella Calloni, corresponsal

Buenos Aires. La ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner decidió elevar su caso ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) para que analice si durante el proceso judicial a que fue sometida por la llamada Causa Vialidad, por la que fue condenada a seis años de prisión e inhablitación perpetua para ocupar cargos públicos se determine si se respetaron las garantías establecidas por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

La causa -cerrada por falta de pruebas y reabierta en 2024- fue instalada mediante maniobras irregulares, pruebas falsas y una evidente decisión política persecutoria dado que el juez Claudio Bonadío, ya fallecido, y el fiscal Carlos Stornelli que decidieron el fallo final abrieron más de una docena de causas contra la ex mandataria sin pruebas y con graves irregularidades jurídicas durante la gestión del ex presidente derechista Mauricio Macri.

Entre ellas se puede citar la Causa de los Cuadernos, que fue cerrada por falta de pruebas y también reabierta, intentando el gobierno actual y el llamado Partido Judicial añadir otra condena para justificar su traslado a una cárcel común, pero se convirtió en un escándalo ya que los testigos -entre ellos poderosos empresarios, presuntamente arrepentidos- citados para ratificar sus declaraciones denunciaron y probaron haber sido coaccionados ante la falta absoluta de pruebas.

Fernández de Kirchner publicó además una carta abierta en medios de España, Francia y Brasil en la que sostiene que su caso trasciende lo personal, cuestionó la actuación de la justicia argentina, y planteó que su inhabilitación perpetua constituye una “proscripción” que afecta no sólo sus derechos políticos sino también los de los ciudadanos que quieran elegirla.

La ex mandataria que gobernó durante dos períodos (2007-2015-2019) tituló su carta abierta: “En defensa de los derechos fundamentales y de la democracia”, en la que reiteró su inocencia y señaló: “no se trata de recurrir a una instancia internacional por mera disconformidad con decisiones judiciales”, sino de someter su juzgamiento al análisis del derecho internacional de los derechos humanos para determinar si fueron respetadas las garantías que figuran en el tratado internacional y tiene jerarquía constitucional en Argentina.

“Hoy me dirijo a cada argentina y a cada argentino con la serenidad de quien sabe que la verdad tiene una fuerza que ninguna operación política, ninguna campaña de difamación y ninguna sentencia injusta podrán derrotar para siempre”.

Consideró que “el ataque del que hoy soy víctima no tiene como destinataria únicamente a una persona. Tiene como destinatario a un proyecto político y, por encima de todo, a la voluntad soberana del pueblo argentino”, y afirmó que “lo que padeció y padece no puede comprenderse únicamente como una sucesión de decisiones judiciales equivocadas. Estamos frente a graves violaciones de derechos humanos, nacidas de un machismo estructural que todavía subsiste en sectores del sistema judicial argentino” .

Resaltó que a lo largo de su carrera política se ha pretendido juzgarla “no solo por mis actos, sino fundamentalmente por mi condición de mujer, por haber ejercido el liderazgo político con firmeza recordando que fue la única mujer electa y relecta como presidenta, y ser la única ex presidente condenada por la Corte Suprema, se pregunta, ¿en serio o alguien puede pensar que eso es una casualidad?”.

Indicó que el nivel de violencia “que excede cualquier límite razonable, llegando al extremo de funcionar como un incentivo para que atenten contra mi propia vida”, como sucedió el 1 de septiembre del año 2022.

Advirtió sobre la utilización creciente del sistema judicial convirtiendo al “derecho y al sistema de justicia en un arma política para eliminar adversarios que no pudieron ser derrotados por el voto”.

Concluyó: “los pueblos pueden ser perseguidos. Pueden ser difamados. Pueden ser atacados, pero jamás podrán ser derrotados cuando permanezcan unidos en defensa de la democracia, de la memoria, de la justicia y de la verdad”.

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