Jorge Torres
La consejera del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Arely Torres Miranda, consideró que la actual administración estatal está mostrando “una total falta de sensibilidad, humildad y voluntad política” para trabajar con la sociedad civil, en especial con quienes defienden los derechos humanos.
De igual manera, tomó como ejempló el reciente caso de la presidenta de la Asociación de Fe y Esperanza, Rosario Torres Mata, quien denunció que fue tratada de manera déspota por la subprocuradora de delitos sexuales, Magdalena González Vega, y lamentó que la funcionaria estatal argumente que los señalamientos en su contra son falsos cuando sabe que se le ha negado atención adecuada y oportuna a las víctimas.
“Ahorita es el caso de la presidenta de la Asociación de Fe y Esperanza, pero en su momento fue conmigo, cuando hice los señalamientos de las alertas de género y la violencia que estamos viviendo las mujeres, en donde la titular del Instituto de las Mujeres del Estado denostó mi trabajo y mi experiencia en el tema, esto es preocupante, creo que es un buen momento para poner alerta a estas situaciones”, reclamó.
Asimismo, lamentó que las activistas en lo particular continúen siendo vulneradas por funcionarios estatales que no son sensibles a las problemáticas: “ojalá que el gobierno tenga la sensibilidad y la voluntad política de escuchar a las voces críticas en lugar de estarlas denostando o amenazando”, destacó.
Torres Miranda mencionó que también otra muestra de la falta de voluntad política de esta administración es lo que pasó con las comunidades indígenas, las cuales no fueron contempladas en el Plan Estatal de Desarrollo, a pesar de que aseguran que sí fueron tomados en cuenta, por lo que los indígenas tuvieron que recurrir a un juicio de amparo.
“Como consejeros no fueron escuchados y en el Plan Estatal de Desarrollo finalmente no se refleja la obligatoriedad de ley a la consulta ciudadana; el propio Ugalde dijo que sí se les había escuchado pero no de la manera en que querían”, criticó.
Para concluir, consideró que las y los defensores de los derechos humanos se encuentran en un muy buen momento para que soliciten ser tomados en cuenta en las opiniones y no únicamente se minimice su trabajo, ya que la política pública debe ser consultada y como sociedad civil están en disposición de colaborar de manera coordinada.
