Alonso Urrutia
Ciudad de México. Al fijar su postura en torno a la propuesta presidencial remitida al Senado de la República para la designación de los 18 magistrados que integrarán la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y de las cinco salas especializadas, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción cuestionaron la falta de transparencia que se registró en este procedimiento.
“No fue producto de un proceso transparente y abierto de cara a la sociedad, que garantizara el contraste de capacidades técnicas y la certeza de que las personas nombradas son idóneas para ese cargo. Ello queda a deber a los mexicanos y deja mucho que desear en la construcción de las instituciones que se requieren como cimiento para acabar con uno de los flagelos que más afecta el desarrollo de México”, advierten.
Para los comisionados , aún “estamos a tiempo de corregir el camino y construir un proceso adecuado, que permita el debate abierto sobre los perfiles idóneos de los magistrados que habrán de sancionar las faltas administrativas graves de los servidores públicos y de los particulares”.
Para el CPC la designación de estos 18 magistrados es fundamental porque será los responsables de sancionar las faltas graves administrativas de servidores públicos y de particulares. “Se constituyen en uno de los componentes clave del combate a la impunidad que ha dañado la vida institucional, social y política del país”, de ahí la necesidad de que quienes lleguen a ese encargo sean personas que tengan acreditada la probidad y las capacidades técnicas, jurídicas y éticas necesarias.
