La redacción
Ensenada, BC. El decreto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que restringe la pesca en el alto golfo de Baja California fue decidido de manera unilateral, sin consultar a las familias que viven de esa actividad, lo que condena a la industria a llevar a la quiebra a por lo menos a 14 empresas, denunció la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola (Canainpesca), delegación Baja California.
El presidente de la Canainpesca en el estado, Juan Morán Sánchez, lamentó la restricción a la navegación, las actividades de pesca, de turismo náutico y cualquier otra actividad en un polígono que abarca toda el área de pesca del alto golfo, con excepción de las labores de preservación de la vaquita marina autorizadas por la dependencia.
Calificó como “insensibilidad social” la determinación de la Semarnat que arrancó el pasado 11 de octubre, pues no tomó en cuenta al sector pesquero ni buscó una estrategia para mitigar las afectaciones que impactarán a 14 empresas productoras y comercializadoras de moluscos bivalvos y 500 familias del estado que tienen la pesca como forma de sustento, señaló.
Además, explicó Morán Sánchez, con la nueva veda Baja California dejará de generar más de 80 millones de pesos en divisas durante los mejores meses de captura de moluscos bivalvos, que es de octubre a febrero.
Morán pidió que el gobierno federal subsane el costo económico de la nueva veda, como lo ha hecho anteriormente, con el fin de evitar la quiebra de empresas del sector en el estado.
Sin embargo, señaló, el delegado federal de la Semarnat en Baja California, Alfonso Blancafort Camarena, en lugar de mediar entre el sector y la federación “ha sido evasivo, sin sensibilidad para atender al sector, opaco y poco transparente como funcionario público “.
“Hoy le hacemos un llamado al Presidente de la República a privilegiar el derecho de más de 2 mil quinientos ciudadanos de este Estado a los que debe de proteger, sobre intereses particulares”, agregó.
Finalmente, advirtió que acudirán a la Comisión Estatal y Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en conjunto con acciones de resistencia pacífica para evitar “que la insensibilidad y los intereses de unos cuantos, condenen al sector en Baja California”.
