Reuters
Autoridades cubanas afirmaron que Estados Unidos estaba permitiendo que “terroristas” actuaran con impunidad en territorio estadunidense, basándose en detalles de una investigación sobre una incursión en lancha motora ocurrida en febrero que derivó en un tiroteo en el mar, con muertos y heridos en ambos bandos.
El 25 de febrero, diez exiliados cubanos intentaron infiltrarse en la isla en lancha desde los Cayos de Florida, armados con cerca de 13 mil cartuchos, 11 rifles, 15 pistolas, cócteles Molotov, una radio VHF y equipo de comunicación por satélite Starlink, según la investigación cubana descrita el lunes por medios de comunicación estatales.
Cinco personas murieron; el resto, entre ellos algunos heridos, se encuentran detenidos y se enfrentan a cargos de terrorismo, según informaron las autoridades.
Cuba dijo este lunes que su investigación, que incluyó confesiones de los detenidos por sus autoridades, reveló que algunas de las personas implicadas en el entrenamiento de insurgentes siguen en libertad en Estados Unidos.
El fiscal cubano Edward Roberts dijo que debían destacarse los delitos que se seguían cometiendo por parte de personas y organizaciones desde Estados Unidos que proporcionaron las propiedades utilizadas para llevar a cabo estos actos, facilitaron la compra y el acopio de armamento, y organizaron y aseguraron el transporte terrestre y marítimo.
Las autoridades cubanas acusaron a Maritza Lugo Fernández, una ciudadana cubana residente en Florida, de ayudar a organizar el presunto complot. Algunos de los detenidos confesaron que se habían entrenado en una finca de Florida propiedad de Lugo Fernández, quien dirige el movimiento “Partido Democrático 30 de Noviembre”, con sede en Florida.
Lugo Fernández niega las acusaciones.
“Hace más de 40 años que ese régimen me acusa a mí de ser terrorista, de todo lo que se les ocurra”, dijo en un video incluido en el reportaje de los medios estatales, y añadió que a pesar de ello no le preocupaban las acusaciones porque las consideraba todas falsas.
Ni la embajada de Estados Unidos en Cuba ni el Departamento de Justicia de Estados Unidos respondieron a una solicitud de comentarios de Reuters sobre las acusaciones del gobierno cubano.
Cuba y la Oficina Federal de Investigaciones habían afirmado anteriormente que estaban cooperando en la investigación.
Según las autoridades cubanas, varios de los detenidos en febrero afirmaron que planeaban ataques simultáneos contra unidades de la policía y la guardia fronteriza en Matanzas, provincia situada al este de La Habana, con el objetivo de incitar a un levantamiento armado y provocar una intervención militar estadounidense.
Las acusaciones se producen en un momento en que Estados Unidos ha intensificado la presión sobre el gobierno cubano, incluyendo un bloqueo de facto del suministro de combustible que dura ya nueve meses y sanciones reforzadas que han provocado una crisis económica sin precedentes en la isla.
