Ciudad de México. La renuencia del Ejército de rendir cuentas sobre su actuación en la lucha contra el narcotráfico ha consolidado la impunidad en el caso de la bodega de Tlatlaya, en el estado de México, donde 22 civiles fueron muertos y ejecutados por militares en un presunto enfrentamiento.
A dos años de los hechos ocurridos el 30 de junio, diversas organizaciones de derechos humanos y colectivos de la sociedad civil cuestionaron la “inacción cómplice” de la Procuraduría General de la República (PGR), pues al día de hoy ningún responsable de esta grave violación de derechos humanos se encuentra procesado, ni se están realizando todas las diligencias necesarias para fincar responsabilidades a todos los niveles.
En un pronunciamiento conjunto, las organizaciones aseguraron que esto es producto de una acusación deficiente y falta de investigación por parte de la PGR. Una prueba de ello es que a un año de haberse revelado la existencia de la “Orden General de Operaciones” que instruyó a la unidad militar involucrada en los hechos de “abatir delincuentes en horas de la oscuridad”, ésta sigue sin ser investigada por la autoridad federal.
En los hechos del 30 de junio de 2014, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló en su recomendación 51/2014 que al menos entre 12 y 15 de las 22 personas involucradas en los hechos, fueron ejecutadas arbitrariamente por los elementos del Ejército.
Sin embargo, en varios procesos, los jueces federales han resuelto dejar en libertad a los elementos militares, ante la “insuficiencia de elementos para probar” los hechos o las responsabilidad de los soldados.
