Ciudad de México. Decenas de organizaciones de la sociedad civil y activistas consideraron que las designaciones de Raúl Cervantes y Arely Gómez como titulares de la Procuraduría General de la República y Secretaría de la Función Pública, respectivamente, “son señales preocupantes para la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y la construcción de una Fiscalía autónoma”.
En un pronunciado conjunto, cuestionaron la falta de transparencia en torno a los nombramientos, y demandaron que éstos sean transitorios, para garantizar la elección de perfiles idóneos para esos cargos.
“Lo que acaba de suceder demuestra la discrecionalidad y una total ausencia de rendición de cuentas y criterios claros… El Senado de la República no cumplió con su papel de contrapeso y ratificó los nombramientos sin dar espacio a la reflexión crítica y el debate abierto”.
Afirmaron que el nombramiento de Arely Gómez “viola el compromiso internacional hecho por Presidencia de la República en el marco del Tercer Plan de Acción de la Alianza para el Gobierno Abierto”, respecto a conducir una consulta técnica con sociedad civil, academia y expertos para elegir al titular de la Función Pública, lo que nunca ocurrió.
Por otra parte, “el nombramiento del procurador es la mayor muestra del divorcio entre la Presidencia, el Senado y los sectores de la sociedad que sí reconocen una grave crisis del sistema de justicia penal en México”.
Abundaron que se trató de una designación “inesperada y discrecional de un perfil con cuestionamientos sobre su independencia política y sin rendir cuentas sobre su idoneidad (por ejemplo, sobre su conocimiento del sistema penal, su probidad y su compromiso con el avance de los derechos humanos y la democracia)”.
La designación de un senador que quiso ser ministro pero ahora es procurador “daña severamente la división de los poderes públicos y corrompe la idea de pesos y contrapesos que deben existir entre estos”, resaltaron las agrupaciones civiles.
Expresaron un extrañamiento al Senado de la República porque “su papel en la ratificación del Procurador anuló la naturaleza independiente que tiene del Ejecutivo Federal. Una designación del mayor impacto para la democracia y el Estado de derecho no debe realizarse como un simple trámite legislativo: en menos de un día el Senado resolvió la designación presidencial”.
Activistas y organizaciones exigieron que las designaciones sean transitorias, en particular en el caso del procurador, pues “consideramos que no son idóneas para los retos que enfrentan ambas instituciones, además de no contar con la legitimidad ni reconocimiento para encabezar la transformación hacia el mejor modelo de Fiscalía General de la República ni la consolidación del promisorio Sistema Nacional Anticorrupción”.
