Stella Calloni, corresponsal
Buenos Aires. La justicia argentina condenó al general Santiago Omar Rivera y a otros once militares a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos bajo el comando de Institutos militares en el Cuartel y Escuela Militar de Campo de Mayo.
El proceso a cargo del tribunal Oral Federal de San Martín 1, comenzó el 29 de abril de 2019, cuando se reunieron testimonios y pruebas que mostraron a esa Institución, como Centro Clandestino de Detención y Exterminio tan importante como lo fue la ex Escuela de Mecánica de la Armada en ese trágico período de la dictadura (1976-1983).
Esto sucedió en lo que se denominaba la la Zona de Defensa IV y más de 700 testigos y sobrevivientes declararon en audiencias que volvieron a poner en el escenario nacional, lo que se intentó ocultar atrasando los juicios de lesa humanidad durante el gobierno del ex presidente derechista Mauricio Macri.
También fueron sentenciados a cadena perpetua otros siete responsables como Luis Sadi Pepa, Carlos Eduardo Somoza, Eugenio Guañabens Perelló. Fueron condenados a 20 y 22 años de prisión Bernardo Caballero y Hugo Iguel Castaño Monje y a penas de 13, 11, 9 y cuatro años a otros acusados.
Mientras el gobierno comienza a encaminar la crisis de una semana intensa, el tema de los juicios de derechos humanos regresó a ocupar los titulares de medios y revistas digitales con la últimas decisiones donde también fueron condenados a cadena perpetua, los responsables de los llamados vuelos de la muerte en esta misma semana.
Este juicio se reanudó el pasado mayo de 2020. Campo de Mayo ocupa un terreno de más de cuatro mil hectáreas a unos 40 kilómetros de Buenos Aires y los familiares realizaron numerosos actos en el lugar en estos últimos tiempos reclamando justicia y pidiendo que los sitios de detención sean reconocidos como tales. Por Campo de Mayo pasaron más de seis mil personas, y sólo uno por ciento sobrevivió.
Uno de los casos que más conmovió fue el hallazgo del cadáver en la costa de Uruguay de Floreal Negrito Avellaneda, secuestrado junto a su madre Iris Avellaneda a los 14 años. El cadáver daba cuenta de temibles torturas aplicadas al niño, que fue además empalado, causando una fuerte condena a nivel mundial.
El lunes pasado después de más de 50 años en un fallo histórico, un tribunal de Miami declaró al ex marino, Roberto Bravo responsable de crímenes ejecutados en la base Almirante Zar de Trelew, Chubut, donde murieron 16 militantes de organizaciones políticas y armadas. Cuatro familias demandaron por los fusilamientos de Eduardo Capello, Rubén Bonet y Ana María Villarreal de Santucho (embrazada) y el intento de ejecución extrajudicial de Alberto Camps, y por esos hechos deberá pagar 24 millones de dólares.
Este caso marcó prácticamente el inicio del terrorismo de Estado que se impondría en la pasada y cruenta dictadura. Otros juicios están en marcha.
