Donald Trump ha mantenido una política de creciente confrontación contra Venezuela que, con el paso de los años, ha derivado en sanciones, amenazas militares, recompensas por funcionarios del gobierno de Caracas, ataques armados contra embarcaciones y la incautación de buques petroleros, bajo el argumento del combate al narcotráfico. Esta escalada, que se intensificó durante su segundo periodo presidencial, ha generado una amplia reacción internacional: llamados a la no intervención por parte de México, así como condenas de Rusia, China y Cuba, en un contexto de abierto intervencionismo por parte del gobierno trumpista.
Desde su primera etapa como presidente de Estados Unidos, Donald Trump mostró una postura abiertamente hostil hacia Venezuela. El 11 de agosto de 2017, durante una conferencia de prensa en su club de golf en Bedminster, Nueva Jersey, insinuó por primera vez la posibilidad de una intervención militar. “Tenemos muchas opciones para Venezuela, incluida una opción militar si es necesaria”, declaró entonces, en una afirmación que sorprendió incluso a sectores del Pentágono.
La escalada continuó en 2020, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a la “captura o arresto” del presidente venezolano Nicolás Maduro, acusado de narcoterrorismo. De forma paralela, se ofrecieron 10 millones de dólares por el dirigente chavista Diosdado Cabello.
Con el inicio de su segundo mandato, Trump retomó el discurso de confrontación. El 20 de febrero de 2025, su gobierno designó a ocho cárteles latinoamericanos —entre ellos el Tren de Aragua— como “organizaciones terroristas”, medida que sentó las bases para una nueva fase de acciones militares bajo el argumento del combate al narcotráfico.
En ese contexto, a inicios de agosto de 2025, Washington duplicó a 50 millones de dólares la recompensa por Nicolás Maduro, la más alta jamás ofrecida por el gobierno estadunidense. Días después, el 2 de septiembre, se registró el primer ataque letal: fuerzas armadas de Estados Unidos hundieron una embarcación en el Caribe que, según Washington, transportaba droga. Trump afirmó que los once fallecidos eran “narcoterroristas del Tren de Aragua”.
A partir de entonces, se sucedieron ataques contra embarcaciones señaladas como vinculadas a Venezuela. Para el 30 de diciembre, La Jornada documentó que al menos 107 personas habían muerto en operaciones de este tipo, calificadas por Caracas como ejecuciones extrajudiciales.
En paralelo, comenzó la incautación de buques petroleros venezolanos. De acuerdo con reportes del diario, el primer decomiso ocurrió a finales de noviembre, cuando fuerzas estadunidenses interceptaron un petrolero con crudo venezolano en aguas internacionales. Tras ese hecho, Trump acusó públicamente a Venezuela de “haber robado” el cargamento, justificando así la acción como una medida de “recuperación” y seguridad nacional.
La reacción internacional no se hizo esperar. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró en diversas ocasiones su rechazo a la intervención extranjera y llamó a privilegiar el diálogo y el respeto a la soberanía. Desde agosto, la mandataria insistió en que la ONU debía asumir un papel más activo ante la escalada entre Washington y Caracas.
En el seno de Naciones Unidas, Venezuela denunció los ataques y solicitó garantías para evitar una confrontación mayor. Aunque inicialmente el organismo evitó pronunciarse de manera contundente, hacia finales de octubre instó a Estados Unidos a detener los ataques contra presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico. En diciembre, el secretario general de la ONU pidió a Washington respetar el derecho internacional tras la incautación de un buque petrolero venezolano.
Durante las sesiones del Consejo de Seguridad, México reiteró su rechazo a cualquier forma de intervención y llamó a privilegiar los canales diplomáticos. Rusia, China y Cuba respaldaron a Venezuela y condenaron las acciones militares estadounidenses. Moscú calificó las incautaciones como una “vuelta a la piratería” y advirtió que la escalada podía derivar en un conflicto de mayores proporciones. El presidente Vladimir Putin afirmó que Venezuela “merece absoluto respeto”.
China, por su parte, exhortó a Estados Unidos a optar por la estabilidad regional y a cesar lo que calificó como “acoso unilateral”. Cuba denunció que las incautaciones de buques petroleros afectaban directamente su economía y acusó a Washington de utilizar el combate al narcotráfico —y al fentanilo— como pretexto para intervenir en América Latina. Por otro lado, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha ofrecido mediar entre Washington y Caracas para evitar una guerra en la región.
