Jorge Torres
El Juzgado Sexto de Distrito negó ayer la suspensión definitiva a los actos reclamados por los opositores al proyecto del confinamiento de desechos tóxicos de la empresa Centro de Ingeniería y Tecnología Sustentable Palula, en el municipio de Santo Domingo, lo cual significa que la empresa puede continuar con sus trabajos en los términos y plazos estimados.
El pasado 23 de febrero, la defensa legal de los opositores a este confinamiento interpuso una demanda de amparo indirecto ante el Juzgado Sexto de Distrito en el estado, buscando la suspensión definitiva de las operaciones de la mencionada empresa. Esta demanda abarcaba las ilegalidades en el procedimiento administrativo de autorización de cambio de uso de suelo por parte del ayuntamiento de Santo Domingo.
De acuerdo con información publicada en estrados del juzgado, según el expediente 217/2016, los opositores reclamaban una suspensión definitiva de las autorizaciones otorgadas a las empresa, sobre el cambio de uso de suelo e impacto ambiental, por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y las correspondientes de carácter municipal relacionadas con el uso de suelo, lo cual significa que quienes interpusieron la demanda no probaron ante el juez de distrito contar con las pruebas y elementos suficientes para frenar un proyecto.
“Es la primera batalla”, dice defensa de los opositores
El abogado de los ejidatarios que se oponen a la construcción del Confinamiento de Desechos Tóxicos de Santo Domingo, Guillermo Luévano Bustamante, señaló que esta decisión del Juzgado Sexto de Distrito no tiene relación con la resolución, es decir, falta tiempo aún para la audiencia constitucional, que será el 7 de abril, aun así dijo que van a impugnar ante el Tribunal Colegiado de Circuito.
“Vamos a ir a la revisión, tenemos 10 días para ir a revisión contra esta decisión del Juzgado Sexto de Distrito, esta decisión es atacable todavía ante un tribunal colegiado, entonces nos vamos a ir a la revisión para impugnar esta decisión, esta suspensión es una vía incidental, todavía no es el asunto principal, es simplemente una de las medidas solicitadas que todavía puede ser resarcida en la sentencia del amparo, es decir, todavía no es una decisión firme, por el contrario, estamos apenas en el inicio del juicio, digamos que este es un juicio secundario”. Aseguró que esta suspensión afecta el juicio, pero no determina el resultado final, aun faltan “un par de tramos más”, por lo cual se impugnará y se va a esperar la sentencia después de la audiencia constitucional, “esto no es la resolución del juicio”.
Informó que la semana pasado interpusieron dos denuncias populares, un instrumento que establece la Ley General de Equilibrio y Protección al Ambiente, es una vía administrativa en donde pusieron en conocimiento de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente esta violación a los derechos ambientales, por lo cual ambas dependencias tienen la obligación de iniciar las indagatorias sobre estas prácticas que consideran violatorias del medio ambiente; la tercera denuncia, que dijo van a presentar en breve, es una acción colectiva, que está establecida también en esta ley regulada por procedimiento civiles. “No está nada dicho todavía”, concluyó.
