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Buenos Aires. La defensa de la ex presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), solicitó este martes al Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), una medida cautelar que suspenda su inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos informó que cuenta con un nuevo elemento de prueba que pone en tela de juicio la sentencia que la condenó también a seis años de prisión.
“Hay un elemento nuevo que hemos incorporado, que es trascendente, y consiste en una nueva prueba que pone en evidencia, una vez más, que la sentencia dictada en contra de Cristina Fernández de Kirchner es absolutamente injusta, y que se terminó condenando a una persona inocente”, anunció el abogado argentino, Carlos Beraldi durante una conferencia de prensa.
La condena que emitió en diciembre de 2022 el Tribunal Oral Federal (TOF) nº 2 en el marco de una causa conocida como “Vialidad”, que la sentenció por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, se basa en el decreto 54 emitido en 2009 que, según la sentencia, fue emitido para garantizar los fondos a un fideicomiso destinado a las obras asignadas a un empresario de la construcción, Lázaro Báez.
Para probar que el decreto 54 era una norma de carácter general, la defensa de la ex presidenta ofreció durante el juicio una pericia contable.
“Si se hubiesen hecho las medidas de prueba que habíamos ofrecido en su oportunidad, se hubiese demostrado que ese decreto era una norma de carácter general que no se había dictado para favorecer a ningún empresario: era simplemente una asignación de fondos para proveer financiamiento a las obras viales”, detalló el letrado.
Otro de los tres abogados que intervienen en la presentación ante la ONU, el brasileño, Rafael Valim, aseguró que se encuentran “frente a un hecho que marca un giro decisivo en este caso”. Además de que no hay fundamento de derecho para condenar a la ex mandataria, “tampoco hay un fundamento fáctico para la condena”, sostuvo.
Una vez se expida el Comité de la ONU sobre la presentación que pide una cautelar en favor de los derechos políticos de la ex presidenta, algo que podría ocurrir en octubre, la defensa de Fernández solicitará un recurso de revisión con la petición de la suspensión de la sentencia, “instancia en la cual, judicialmente, se mostrarán todas las características del proceso”, refirió Beraldi.
El Código Procesal Penal de la Nación y el Código Procesal Penal Federal avala la posibilidad de que, con la mera interposición del recurso de revisión, se pueda pedir a tribunal la suspensión de la ejecución de la sentencia.
