Samuel Estrada
El secretario general de Gobierno, Alejandro Leal Tovías, descartó que se haya sentado un “mal precedente” con el aporte que estará haciendo la administración estatal para la compra de los terrenos del asentamiento irregular de la colonia Margarita Morán, y aseveró que, por el contrario, la idea es que nunca más se deje crecer un problema de este tipo y no se tenga que llegar a estas instancias.
Recordó que ha sido una compra a través de la Promotora del Estado, con la intención de poder resolver un problema social que se había venido arrastrando desde años atrás: “es que no hay ningún mal precedente, es un problema social que existía, cuando nosotros llegamos el problema ya estaba y era necesario resolverlo”, insistió.
Dijo, además, que en efecto se trató de una invasión ilegal y tampoco se trata de que el gobierno del estado busque legitimar esta acción y mucho menos por congraciarse con alguna organización social, ya que se hubiera hecho los mismo con cualquier organización o aunque los habitantes no pertenecieran a ninguna agrupación.
Explicó que en su momento las autoridades no actuaron a tiempo, desde el momento que se llevó a cabo la invasión debieron haber hecho algo, pero más de 10 años después resultó ya imposible entrar con la fuerza pública: “era materialmente imposible hacerlo”, recalcó, entonces, continuó, se tuvo que actuar de la mejor manera y de ahora en adelante, cuando suceda algo así, se tiene que actuar de inmediato.
No se puede presumir conflicto de intereses
Por otro lado, al respecto de que presuntamente Germán González Martí, subsecretario jurídico del gobierno del estado forma parte del consorcio jurídico que fue contratado por el particular propietario legítimo de este predio donde ahora se ubica la colonia Margarita Morán, lo cual podría constituirse como un conflicto de intereses, el contralor del estado, José Gabriel Rosillo Iglesias, refirió que no se puede presumir de oficio esta situación, sin embargo comentó que, si como parte de las investigaciones se determina que en efecto existió el conflicto de intereses, se actuaría contra el funcionario y contra su superior responsable. que sería en este caso el secretario general de Gobierno, Alejandro Leal Tovías.
