Roberto Garduño
Ciudad de México. La creación de la Fiscalía General de la República tiene por objeto abatir la debilidad del sistema de justicia, que ahora goza de nula credibilidad social y ha propiciado tan sólo, en año 2017, 3 por ciento de las carpetas de investigación iniciadas obtuvieran una sentencia condenatoria, el 27 sigue en proceso y el restante 70 por ciento no alcanzó alguna instancia judicial que le diera seguimiento en alguna de las 33 fiscalías o procuradurías existentes a lo largo de la República, refirió la vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna Luna.
La minuta del Senado de la República que se encuentra en proceso de dictaminación en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, en espera de una acuerdo entre Morena y su oposición el PAN y el PRI, que pretenden modificar “de fondo” el artículo 102 constitucional en materia de las funciones del Ministerio Público, se ha convertido en un rehén de panistas y priístas.
Esos partidos han reclamado espacios en San Lázaro, y Morena se los ha negado, por tal razón ambos aducen que en el contenido de la minuta se revela la existencia del llamado peyorativamente fiscal carnal, y que tal circunstancia los conduciría a votar en contra cuando la minuta se lleve al pleno cameral.
Por su parte, la diputada Dolores Padierna ha elaborado una defensa documentada del objeto de la minuta porque “en todos los diagnósticos que se han publicado en los años recientes, así como en los informes de organismos internacionales en donde se hace alusión al problema de la violencia y la inseguridad en México, se señala constantemente la debilidad del sistema de procuración de justicia, sistema que durante años se ha dejado en el olvido y en el rezago, dando como resultado un conjunto de instituciones con nula credibilidad social y con nula confianza ciudadana”.
La minuta que contiene el proyecto de decreto de creación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República tiene como objetivo la transformación integral de la visión institucional con la que venía trabajando hasta hoy la inoperante PGR.
En su artículo seguro se expone que la Fiscalía General de la República tendrá como fines la investigación de los delitos y el esclarecimiento de los hechos; otorgar una procuración de justicia eficaz, efectiva, apegada a derecho, que contribuya a combatir la inseguridad y disminuirla; la prevención del delito; fortalecer el Estado de derecho en México; procurar que el culpable no quede impune; así como promover, proteger, respetar y garantizar los derechos de verdad; reparación integral y de no repetición de las víctimas, ofendidos en particular y de la sociedad en general”.
La nueva legislación enfatiza que la labor del Ministerio Público de la Federación se sustentará en la investigación que realicen sus órganos auxiliares, policías, peritos y áreas de inteligencia, depositando en el agente ministerial únicamente la labor de conducción y de supervisión del plan de investigación desarrollado para precisamente conocer la verdad de los hechos, focalizando sus recursos en formular las imputaciones y las acusaciones respectivas, es decir, priorizando la verdadera labor fiscal de acusación y persecución como su labor principal.
Además se integra la creación de una Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos “reconociendo que uno de los graves problemas de impunidad que vive México se relaciona precisamente con la ausencia de investigaciones y procedimientos de sanción frente a este tipo de actos, que además de ser delitos de carácter federal, son al mismo tiempo violaciones a los derechos fundamentales”.
En el artículo 14 de la Ley se reconocen también como parte de la estructura de la Fiscalía General la siguientes Fiscalías: La Fiscalía de Derechos Humanos tendrá a su cargo las fiscalías de protección de los derechos humanos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes; de trata de personas; de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares; de periodistas y personas defensoras de derechos humanos; de migrantes; de investigación de tortura, y todas aquellas fiscalías órganos o unidades que determine la persona titular de la Fiscalía General de la República.
La violencia contra las mujeres y en su caso la trata de mujeres sólo son dos fenómenos delictivos sobre los que tenía competencia la actual Fiscalía Especial para la atención de la violencia contra las mujeres y la trata de personas (FEVIMTRA, “situación que resultaba ser muy acotada ya que se escapaban otras formas de afectación a los derechos de las mujeres, por ello, al establecer que esta nueva fiscalía especial se encargará de la protección de los derechos de las mujeres su espectro de cobertura se amplía y se vuelve mucho más garantista, pues ahora podrá velar por todos los derechos de las mujeres que sean delitos del orden federal y sobre los cuales surta competencia a la nueva Fiscalía General”, refirió la diputada Padierna.
Otro gran aporte de esta minuta se identifica en la obligatoriedad de diseñar un plan de persecución penal, que se fijará como la hoja de ruta de la próxima persona titular de la Fiscalía ya que con ese plan se priorizaran delitos, zonas de mayor índice delictivo y mayor necesidad de despliegue territorial, de personal y de recursos tecnológicos.
Como parte de la estructura básica de la Fiscalía General, se reconoce también la necesidad de contar con una fiscalía que atienda y que conozca de asuntos en donde pudieran estar relacionados los propios agentes y el personal de la institución, esto implica, crear una unidad que se denominará como Fiscalía Especializada de Asuntos Internos.
La Fiscalía Especializada en Asuntos Internos se dice en el dictamen “estará a cargo de las investigaciones y el ejercicio de la acción penal en delitos cometidos por personal adscrito a los órganos sustantivos y administrativos de la Fiscalía General de la República, en ejercicio de sus funciones”, es decir, no es un órgano de control interno de conductas irregulares del personal, se trata de una verdadera fiscalía con poder y capacidad de coordinar las investigaciones y eventualmente de procesar penalmente a las y los propios servidores públicos de la institución.
En el mismo sentido, se dota de facultades a esta Fiscalía Especializada de asuntos internos para que bajo supervisión de la persona titular de la fiscalía para establecer lineamientos técnico-jurídicos para el monitoreo, la supervisión, investigación, revisión y control de la actuación de los fiscales, los policías de investigación, peritos, analistas, técnicos y en general de los servidores públicos de la Fiscalía General de la República.
