César Arellano García
Ciudad de México. En el México contemporáneo de los 30 mil desaparecidos, donde la tortura es generalizada y la impunidad alcanza una cifra del 99 por ciento; las víctimas de la violencia dan cuenta de que los derechos humanos siguen siendo útiles para nombrar la injusticia y las aspiraciones de verdad y reparación, aseguró Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro.
Lamentablemente, dijo, con frecuencia se pasan por alto estos aportes de los movimientos de víctimas: “por un lado, hay un grupo al que no le interesa, pero, por otro lado, incluso del sector potencialmente aliado, es posible distinguir cómo ciertas perspectivas críticas de los derechos humanos los pueden llevar a desestimar la manera en que las víctimas se apropian de ellos y los utilizan como herramienta para reivindicar su dignidad.
“Una mirada del movimiento de familiares de personas víctimas de desaparición forzada muestra la vigencia de los derechos humanos como herramienta de cambio y, al mismo tiempo, nos enfrentan al gran desafío de pensar los derechos humanos desde sus experiencias.
Hoy en la Universidad Iberoamericana se llevó a cabo la mesa Legalidad de Derechos Humanos y cambio de mundo, como parte de la continuidad del Coloquio internacional En la encrucijada del Norte y el Sur, que aborda la obra poética y el pensamiento del especialista en procesos sociales y políticos de Latinoamérica Boaventura de Sousa Santos.
Ahí, Marío Patrón señaló que un gran aporte del movimiento de personas desaparecidas en el país ha sido el destapar en muchas regiones del país, “por desgracia”, los cementerios clandestinos.
Boaventura de Sousa Santos, quien fungió como comentador, subrayó que la búsqueda del paradero de las personas desaparecidas no es fetichista ni busca venganza.
“Es porque son seres con una dignidad, que están ahí ocultados. Y con eso todos nosotros perdemos nuestra dignidad, nuestra fuerza, nuestra identidad como humanos. Nos degrada a todos como subhumanos. Lo que está pasando en México, en este caso, es una masiva estrategia de subhumanizar a los mexicanos”, enfatizó.
Por su parte, Cecilia Santos, doctora en sociología por la Universidad de California-Berkley, declaró que las víctimas directas sobrevivientes o sus familiares no son pasivas, pues muchas veces se convierten en activistas, en su proceso de lucha por la justicia.
“La paradoja de luchar por la justicia estatal e interestatal, en la escala transnacional, es que los Estados pueden ser, y muchas veces lo son, autores directos de la violencia, o responsables indirectos por las violaciones de derechos humanos, incluyendo la falta de justicia.
“Las víctimas y las ONG están conscientes de estas contradicciones, pero aun así utilizan el derecho internacional por su pequeño potencial emancipatorio y para poner al desnudo las contradicciones. Es una forma de protesta”.
La también maestra en derecho por la Universidad de Sao Paolo subrayó que la movilización legal tiene que ser combinada con la movilización política y social.
“Tiene que ir más allá de los derechos individuales e incidir en los colectivos. Las escalas de movilización deben conectar lo local con lo global”, añadió la investigadora de los discursos y prácticas de violencia contra la mujer.
En la mesa también participó Pablo Reyna, director de Programas de Incidencia de la UIA quien refirió la discusión sobre la Ley de Seguridad Interior, “que busca constitucionalizar el ejercicio de facto que por años el Ejército ha tenido del poder, inconstitucional e ilegítimo”.
