Emir Olivares Alonso
Ciudad de México. Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), representantes de la sociedad civil enfatizaron en la necesidad de que se conforme un grupo de expertos internacionales para trabajar en un mecanismo de combate a la impunidad en México, tal como lo ha propuesto el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En respuesta, el Estado mexicano planteó que se está avanzando en el diálogo para fortalecer los temas de justicia y combatir la impunidad, aunque el panel de especialistas no necesariamente tiene que ser internacional.
En el marco del 163 periodo de sesiones de la CIDH, que se realiza en Lima, Perú, este jueves se efectuó la audiencia sobre impunidad y justicia en México, donde el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, reconoció que el Estado mexicano que enfrenta “retos significativos” para hacer realidad el pleno disfrute de los derechos humanos y el acceso a la justicia.
Algunos de esos retos son: la erradicación total de la tortura, de las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, de los casos de maltrato a migrantes y el abuso a los derechos humanos de periodistas, defensores y mujeres.
Por su parte, organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Fundar, Artículo 19, entre otras, aseguraron que no hay confianza de que el gobierno pueda investigarse a sí mismo por delitos cometidos en el pasado o en la última década. “Nada de lo que se ha hecho hasta momento ha ofrecido resultados, debemos cambiar las estrategias”.
Los representantes de las organizaciones civiles se dijeron convencidos de que la recomendación realizada por el Alto Comisionado de Naciones Unidas en su visita a México del año 2015 sobre el establecimiento de un consejo asesor contra la impunidad constituye una medida pertinente y eficaz.
Y es que, por ejemplo, refirieron que actualmente hay ocho ex gobernadores detenidos, pero ninguno por violaciones derechos humanos, y denunciaron una falta de profesionalismo por parte de los operadores de justicia que han llevado a una impunidad de más del 93 por ciento. Por ello, ese consejo asesor, subrayaron, debe ser conformado por expertos internacionales.
En respuesta, Campa afirmó que la recomendación del Alto Comisionado es que sea un comité asesor de expertos, pero que no necesariamente deben ser internacionales.
“La falta de autonomía, inactividad, indolencia, y participación activa en la comisión de crímenes por parte de quienes deberían investigar, hace que para las víctimas la expectativa de que el Estado se autoinvestigue sea nula”, reprocharon los miembros de la sociedad civil presentes en la audiencia.
“Las investigaciones carecen de análisis de contexto, por lo que no develan los vínculos entre el poder político y el poder criminal, de ahí que la persecución penal de los verdaderos perpetradores, más aún en razón de la cadena de mando, sea inexistente”.
Campa por su parte aseveró que se han tenido grandes avances, con la transición al nuevo sistema de justicia penal, además de que el gobierno y la sociedad civil tienen más de 500 espacios de diálogo. “El Estado mexicano considera que el combate a la impunidad y la corrupción constituye un punto toral”.
