Emir Olivares Alonso
El representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Jan Jarab, y la indígena me’phaa Valentina Rosendo Cantú, sobreviviente de tortura sexual, en conferencia de prensa sobre la sentencia judicial en contra de militares por el delito de tortura sexual el 18 de junio de 2018. Foto Cristina Rodríguez
Ciudad de México. En una sentencia “inédita e histórica”, una juez de distrito con sede en Guerrero, condenó a los militares Nemesio Sierra García y Armando Pérez Abarca a 19 años, cinco meses y un día de prisión por los delitos de tortura y violación sexual contra la mujer indígena me’phaa Valentina Rosendo Cantú, quien desde que sucedieron los hechos, en 2002, mantuvo su lucha por justicia.
El pasado 1 de junio, la juez Iliana Fabricia Contreras Perales, titular del juzgado séptimo de distrito en Guerrero, emitió este fallo, el cual fue notificado la semana pasada a las organizaciones de derechos humanos que llevan la defensa de Rosendo Cantú.
Mientras lavaba su ropa en un río, la mujer, entonces menor de edad, fue atacada sexualmente por varios militares durante un operativo del Ejército mexicano en su comunidad del municipio de Acatepec.
En conferencia de prensa realizada este lunes, se detalló que el caso llegó hasta una sentencia en 2010 contra el Estado mexicano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorIDH) debido a que el caso no avanzó en la justicia militar. Entre otras cosas, la sentencia de la CorIDH ordena que los delitos contra Rosendo Cantú se indagaran a profundidad en el fuero civil.
Esta sentencia es la respuesta por parte de la jueza a lo mandatado por el tribunal internacional y cuyos fallos el Estado mexicano está obligado a cumplir.
Durante la conferencia, Rosendo Cantú dio su testimonio y habló sobre su sentir tras un largo proceso de 16 años en búsqueda de justicia. Prácticamente la mitad de su vida. “Esto comprueba que siempre dije la verdad, pero el gobierno no me creía”.
Tuvo que aprender a hablar español y enfrentar una y otra vez las negativas de justicia, soportar que no creyeran sus acusaciones y, por supuesto, discriminación por ser mujer, indígena, hablante de una lengua originaria y pobre.
“Estoy aquí demostrando al gobierno que no fue así, que él nunca investigó, que él nunca puso su corazón para investigar a los culpables. Yo salí de México para buscar justicia en otro país, ahí donde fui escuchada, donde sí me creyeron (…) Desde siempre he dicho la verdad, no como los militares, que después de que puse mi denuncia fueron a mi pueblo a ofrecerme dinero para que dejara de seguir señalando que fueron ellos los que me agredieron y yo nunca quise dinero, siempre quise que se castigara a los responsables”.
Lo que pasó no fue sencillo para esta mujer me’phaa. Tuvo que salir de su comunidad, donde fue discriminada por la agresión de que fue víctima; enfrentó obstáculos grandes para acceder a la justicia y burlas. Pero sabe que todo eso valió la pena pues gracias a esta sentencia favorable para su caso será la base para evitar que esto suceda a otras mujeres.
Hoy está feliz y confía en que la justicia llegue por fin. Esto ante la posibilidad de que los dos militares inculpados, quienes se encuentran hasta ahora en prisión preventiva, puedan apelar la sentencia de la juzgadora.
El caso, fue acompañado por los centros de derechos humanos de la Montaña Tlachinollan y Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), así como por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional para Centroamérica y México (CEJIL).
Jan Jarab, representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), consideró que esta sentencia es ejemplo de que el Poder Judicial puede cambiar la realidad del país.
“Es la primer sentencia en la que se determina una responsabilidad penal sobre la base de una sentencia previamente dictada por la Corte Interamericana; eso es muy importante”.
Agregó que el fallo de la juez de Guerrero reconoce “las múltiples dimensiones de la discriminación que sufren mujeres, mujeres indígenas, indígenas pobres, en un contexto, como lo dice la sentencia, de desigualdad estructural y asimetría de poder, abuso militar contra la víctima civil”.
El subdirector del Centro Prodh, Santiago Aguirre, recordó que los casos llegan a instancias internacionales porque las víctimas no han encontrado justicia en México.
Sin embargo, acotó, ninguno de los casos donde la CorIDH ha sentenciado a México, se ha cumplido del todo. “La impunidad mexicana es tan fuerte y tan estructural que ni si quiera las sentencias de la Corte Interamericana la han logrado debilitar”. Se trata de los asuntos Radilla, Campo Algodonero y Campesinos Ecologistas.
“La impunidad es tan fuerte que no la han logrado desestructurar, salvo en este caso, y por eso celebramos esta lucha de más de 15 años de Valentina Rosendo; esa es la relevancia de esta sentencia”.
El abogado Vidulfo Rosales, de Tlachinollan, informó que uno de los dos militares responsables ya apeló la sentencia, por lo que llamó al Poder Judicial a sostener ese fallo de primera instancia a fin de que se llegue a la justicia.
