Jesús Estrada, corresponsal
Chihuahua, Chih. Organizaciones civiles que acompañan a pueblos indígenas del municipio de Guadalupe y Calvo, en la Sierra Tarahumara, exigieron atención a las causas estructurales del desplazamiento forzado interno en la región, a dos meses de que 600 personas fueron desplazadas del seccional Atascaderos por enfrentamientos entre facciones del crimen organizado.
En un pronunciamiento conjunto, los colectivos Alianza Sierra Madre A.C y Consultoría Técnica Comunitaria A.C. denunciaron que el desplazamiento forzado interno es una crisis creciente que ha sido ignorada por las autoridades de los tres niveles de gobierno.
Señalaron que, desde el “combate al narcotráfico” decretado por el ex presidente Calderón, la violencia no ha cesado, por el contrario ha ido en aumento en la Sierra Tarahumara, afectando directa e indirectamente a miles de chihuahuenses, poniendo en riesgo a las y los habitantes de la región, no sólo por ataques directos y amenazas, sino también por el control que los grupos criminales ostentan en los territorios, impidiendo que las comunidades puedan desarrollar sus vidas con normalidad y con acceso a derechos básicos como la educación, la salud y la alimentación.
“La violencia que afecta a estas poblaciones no es sólo criminal, sino también estructural. El abandono de las instituciones públicas en todos los niveles de gobierno es alarmante”.
Acusaron que las y los gobernantes niegan la gravedad de la problemática y, en cambio, criminalizan a las víctimas y desestiman las violencias que sufren día con día, además, han rechazado el diálogo y colaboración con las organizaciones civiles.
“El desplazamiento forzado interno se ha generalizado en la Sierra Tarahumara, aunque algunos de los casos más preocupantes los hemos visto en Guadalupe y Calvo, que sufre una situación particular de disputa territorial protagonizada por grupos delictivos. A esto se suma la ausencia de estrategias claras y coordinadas de seguridad entre las instituciones públicas, lo que ha dejado a la población desprotegida y abandonada”.
“Los casos de desplazamiento en masa que muestran los medios de comunicación no son los únicos que existen: hay un desplazamiento silencioso que, día a día, arrebata a familias su patrimonio, su seguridad y, en muchos casos, la vida misma. La gente sale de las comunidades en donde la violencia continúa, cargando a veces sólo con el miedo, pero también con la fortaleza de sobrevivir y proteger a sus seres amados”.
Entre los días 18 y 27 de febrero pasados, cientos de habitantes de Atascaderos y de otras comunidades de Guadalupe y Calvo fueron asistidos en la colonia Sierra Azul de la ciudad de Chihuahua, así como en el centro comunitario DIF paseos de la Almanceña en la ciudad de Parral; otros llegaron a Cuauhtémoc y Delicias.
Un mes después, 200 de ellos regresaron a sus comunidades, con acompañamiento de policías estatales y militares.
El fiscal estatal César Jáuregui Moreno reconoció que volvieron a Guadalupe y Calvo menos de la mitad de los desplazados, “fue el traslado de aproximadamente 200 personas quienes ya están regresando a Atascaderos; yo creo que esto va a generar, una vez que pase algo de tiempo, confianza en el resto de las personas, (alrededor de 400 que no han retornado) de que estamos patrullando la zona, contamos con una base de operaciones permanente y vamos a brindar a la gente seguridad”.
Según Alianza Sierra Madre A.C., por lo menos mil 500 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado los últimos dos años, en el estado de Chihuahua, cifra relacionada a las denuncias formales, aunque estiman podrían ser hasta 10 mil personas víctimas, por el abandono de pueblos y ejidos que se quedaron sin habitantes, así como casos sin denunciar.
