Derechohabiente denunció presunta negligencia médica en la clínica 50 del Instituto Mexicano del Seguro Social en contra de su esposo, quien habría fallecido a consecuencia de una mala atención por parte de los doctores de dicho hospital.
Patricia Rojas Herrera relató que el 14 de junio de 2016 fue sometida a una cirugía para donarle un riñón a su esposo, Serafín Calvario, quien falleció luego de 43 días de haber estado internado, por presuntas irregularidades.
Declaró que el 24 de junio lo dieron de alta, luego de 10 días de haber recibido el trasplante de riñón, pero el 7 de julio volvió a ingresar al IMSS debido a una diarrea, por lo que el nefrólogo Héctor Contreras ordenó que se internara de inmediato, y a la par le recetó un medicamento para que su cuerpo no rechazara el injerto, el cual estuvo tomando por un mes y medio.
Refirió que, pasado este tiempo, los médicos se dieron cuenta de que Serafín Calvario estaba intoxicado por dicho medicamento, el cual tiene efectos secundarios muy graves, como diarrea, náuseas, dolor, estado mental, pérdida de peso y, lo más importante, riesgo de infección grave por bacterias, “y todo esto fue lo que sucedió a mi esposo: le entraron bacterias que no se pudieron combatir por falta de medicamentos”.
Mencionó que pasaron los días y su esposo continuó con problemas de salud, e incluso al estar internado comenzó a tener fugas en el cuerpo de las que se desprendía un líquido anaranjado, parecido a agua de melón, y las enfermeras le referían que se trataba de pus, pero los médicos señalaban que se encontraba normal y le aseguraban que le estaban haciendo estudios, pero en el expediente, que ahora tiene en su poder, no aparecen.
Agregó que su esposo comenzó a ponerse amarillo del cuerpo y ya no podía caminar, y los médicos le notificaron que tenía piedras en el riñón, pero que no le afectaban. Añadió que hasta el 6 de septiembre, después de 40 días de la cirugía, su esposo había perdido 30 kilos de peso por falta de apetito y por la debilidad muscular, las náuseas y las diarreas constantes, sin embargo los médicos decían que siguieran esperando, y el 25 de agosto le dieron un diagnóstico, que hasta ahora tiene conocimiento de que era malo, pues tenía pus en todo el cuerpo.
Sin embargo, en su desesperación por salvarle la vida, y al ver que ellos no actuaban, después de 43 días decidió pedir una segunda opinión a un cirujano del Hospital Central, quien le sugirió que lo llevara a este centro médico.
El 9 de septiembre ingresó al Hospital Central, y al practicarle estudios le indicaron que tenía infectada la vesícula, llena de pus y con partes gangrenadas, por lo que se la quitaron, sin embargo el doctor encargado de cirugía de la clínica 50, Francisco Javier Quilantán, nunca hizo nada por decirle que tenía dicho padecimiento.
Añadió que, posteriormente, lo operaron de las fugas que durante 43 días en el IMSS no le pudieron arreglar, y en dicha cirugía los médicos se percataron de que el riñón que le había sido trasplantado tenía dos conductos y uno de ellos estaba mal conectado, por lo que procedieron a reconectarlo, pero ya no aguantó la intervención y falleció el 25 de septiembre debido a la mala atención del urólogo Francisco Javier Turrubiartes Palomo, del doctor Quilantán, del médico que le realizó el trasplante, Julio Orantes, y de quien lo habría intoxicado, Héctor Contreras.
Patricia Rojas comentó que en el acta de defunción se especificó que falleció a causa de una vesícula con pus y de choque séptico, que es una infección de todo el cuerpo, debido a la negligencia de los doctores de la clínica 50: “de eso tengo pruebas donde le hicieron patología, en la hoja realmente dice cómo estaba la vesícula”, resaltó.
En ese sentido, invitó a la gente a que haga públicas las negligencias de las que han sido víctimas en el IMSS, pues refirió que se percató de muchas situaciones en esa clínica donde se atiende muy mal a las personas, pero por temor no hablan: “pido justicia, ya no por mi esposo porque a él ya no me lo van a regresar, pero por gente que de verdad no quiere decir nada, y además para que los castigue porque a mí y a mis hijos me destrozaron la vida, y no se vale”, enfatizó.
Externó que, debido a ello, hace 20 días presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), y ayer les informaron que faltaban 15 días para tener una respuesta, por lo que reclamó que “se está alargando el tiempo y no sé por qué si dicen que ahora el sistema está más rápido, no sé si vaya a haber mano negra… ya veremos a ver qué sigue”.
Uno de estos médicos ya había sido denunciado
Cabe recordar que José Manuel Morín Cabrera, derechohabiente del IMSS, denunció a La Jornada San Luis, que en 2008 le “robaron” un riñón en la clínica 50, pues sólo fue a una cirugía para que le extirparan un cálculo renal, pero le extrajeron todo el órgano. De igual forma, presumió la existencia de una posible red de tráfico de órganos, ya que, según mencionó, no es el único caso de este tipo.
En este contexto, el afectado indicó que, a cinco años que demandó al doctor Francisco Javier Turrubiartes, éste no ha presentado las pruebas patológicas donde especifique que su riñón debía ser extirpado, únicamente se ha mostrado una constancia.
Destacó que hasta el momento la investigación lleva un avance de 90 por ciento, y únicamente falta que el perito de la PGR emita su dictamen: “espero que la próxima semana el perito dé su dictamen, dando responsabilidad médica porque no han presentado pruebas patológicas con nombre completo del patólogo, así como firma y matrícula”. Asimismo, exigió justicia y que el doctor Turrubiartes reconozca el error que cometió,, porque de lo contrario, advirtió que continuará poniendo en conocimiento de la gente sus acciones.
Cabe señalar que Patricia Rojas y José Manuel Morín se contactaron vía Facebook y decidieron denunciar su caso ante los medios.
