Alfredo Valadez Rodríguez, corresponsal
Zacatecas, Zac. El Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas (OCMZ) dio a conocer un “análisis crítico” del estudio de factibilidad elaborado en el año 2015 por el gobierno federal, para la construcción de la presa Milpillas en el municipio de Jiménez del Teúl, así como un acueducto para abastecer de agua potable al corredor urbano-industrial de las ciudades de Zacatecas y Fresnillo.
El OCMZ cuestionó este día el por qué, si desde el año 2015 se publicó dicho estudio de factibilidad, de más de 500 páginas, el gobierno del Estado de Zacatecas “hasta ahora busca ‘dialogar’ con los ejidatarios”. Y lo más grave: “¿Por qué el Gobierno Estatal falsificó el acta ejidal inscrita en el Registro Agrario Nacional (RAN) con fecha del 19 de abril del 2018?
Además se criticó el hecho de que dicho estudio tuvo un costo de 16 millones de pesos, pagados por el propio gobierno, pero al documento “le falta información básica y se basa en una suposición no comprobada y errónea, a saber, que la presa Milpillas permitirá frenar el abatimiento de los acuíferos de la región centro de Zacatecas”.
Sobre la falsificación del acta de asamblea ejidal que se atribuye a funcionarios estatales del pasado gobierno de Miguel Alonso Reyes, en el año 2015, el OCMZ denunció que ese documento apócrifo fue usado para que la Secretaría de Agua y Medio Ambiente (SAMA) realizara trámites ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), así como ante autoridades locales como el municipio de Jiménez del Teúl, para el trámite de cambio de uso de suelo en aproximadamente 11 hectáreas de tierras ejidales.
Incluso denunció el OCMZ, la Delegación de la Procuraduría Agraria en Zacatecas, instancia encargada de asesorar y orientar a los sujetos agrarios y ser garante de la legalidad, “solapa y se presta a este tipo de actos, incurriendo en delitos penados por las leyes mexicanas”.
En el estudio de factibilidad, se señala cuáles serán los impactos de la presa y el acueducto sobre la fauna y flora de los ocho municipios del estado de Zacatecas que se verán afectados.
Desde el gobierno local y federal, se denuncia “dicen que el agua será sólo para el sector público urbano. Hay que desnudar que, aun siendo el caso, el proyecto sirve para entregar por completo las aguas subterráneas al gran capital. Es decir, las aguas de mejor calidad y las más accesibles en términos técnicos y económicos seguirán siendo explotadas por la cervecera Grupo Modelo”, compañía de la que fue directivo años atrás, el actual gobernador Alejandro Tello Cristerna.
Por otra parte se señaló, no es sólo el ejido El Potrero el que debe de otorgar permiso al gobierno del estado para la construcción del mega-proyecto de la presa y acueducto, sino que se requiere la autorización de los 19 ejidos que resultarán afectados por la obra.
Dos ejidos corresponden al municipio de Jiménez del Teúl: Atotonilco y El Potrero (estos dos serían inundados parcialmente por la presa). Cuatro ejidos de Sombrerete: Estancia de Guadalupe, Corrales, Niño Artillero y Nuevo México.
Once ejidos más pertenecen al municipio de Fresnillo: La Presa, Misericordia y Anexos, Primero de Mayo, Trujillo y Buenavista, Melchor Ocampo, Tapias, San Cristóbal, El Salto, Eréndira, México Nuevo y Providencia.
Otros dos ejidos están en la ruta del acueducto: Hacienda Nueva en Morelos y La Pimienta del municipio de Zacatecas.
Finalmente se señala por parte del OCMZ, que el estudio de factibilidad para la presa Milpillas reconoce que aguas abajo de la presa que se pretende construir, “habrá de modificar las condiciones hidrológicas, con menor disponibilidad de agua, destinada para el consumo humano y para el riego de terrazas fluviales a lo largo del cauce del río”, afectando a centenares de campesinos y ganaderos de esa región de Zacatecas.
