Carlos García

León, Gto. El alcalde panista de León, Héctor López Santillana, regidores y dos funcionarios fueron denunciados penalmente por abuso de autoridad, por retirarle a Red Recolector la concesión para la recolección de basura que les asignó el Ayuntamiento en 2014.

“Este es el primer recurso legal que la empresa interpone por la incorrecta actuación de las autoridades municipales, pues en los próximos días se radicarán recursos legales en otros ámbitos”, informó el gerente de Red Recolector, Rogelio Galván Leal.

El 16 de mayo del 2014, el ayuntamiento (2012-2015), asignó a Red Recolector y a Gestión e Innovación en Servicios Ambientales (GISA) una concesión para que recolectaran la basura por un periodo de 20 años.

La empresa JS Hermanos tramitó un juicio de nulidad contra el fallo de la licitación y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), ordenó al cabildo emitir un fallo motivado y fundamentado.

El viernes 23 de junio, el Ayuntamiento retiró la concesión a Red Recolector y la entregó a la Promotora Ambiental de la Laguna (PASA), empresa que maneja el relleno sanitario.

Los denunciados penalmente son el alcalde, Héctor Germán René López Santillana; el secretario del Ayuntamiento, Felipe de Jesús López Gómez; el síndico, Luis Ernesto Ayala Torres; los regidores, Salvador Sánchez Romero, Ana María Esquivel Arrona, Federico Zermeño Padilla, Ana María Carpio Mendoza, José Luis Manrique Hernández, Beatriz Yamamoto Cázares, Alejandro Alaniz Rosales, José de Jesús Vázquez García, Sergio Alejandro Contreras Guerrero, Jorge Arturo Cabrera González y el director del Sistema Integrado de Aseo Público (SIAP), Roberto Centeno Valadez.

La querella contra los integrantes del Ayuntamiento y los dos funcionarios se puso porque cumplieron ilegal e indebidamente la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ente que sólo ordenó fundar y motivar el fallo de la licitación que ganó Red Recolector, argumentó Galván Leal.

El artículo 261 del Código Penal establece que “al servidor público que dolosamente, con motivo de sus funciones exceda el límite de sus potestades o atribuciones, en detrimento de un particular o de la función pública, se le impondrá de dos a ocho años de prisión, de veinte a ochenta días de multa, destitución del empleo o cargo e inhabilitación hasta por seis años”.

La empresa continuará recolectando la basura hasta que el gobierno de León ordene que paren el servicio, comentó Rogelio Galván.

“Le reiteramos a la ciudadanía que seguiremos recogiendo su basura, no vamos a dejar el trabajo tirado de ninguna manera”, concluyó.

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