Andrea Becerril y Víctor Ballinas
Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador designó a Eber Betanzos Torres, Alfonso Pérez Daza y Natalia Téllez Torres como magistrados anticorrupción de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y remitió los nombramientos al Senado, para su ratificación.
Los tres candidatos cuentan con carrera judicial y tanto Eber Betanzos como Alfonso Pérez Daza, trabajaron en la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y en la Secretaría de la Función Pública, durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón.
Natalia Téllez Torres tiene una trayectoria de más de once años en el ámbito judicial, especialmente en la Suprema Corte.
En el documento de 27 páginas que el ejecutivo federal hizo llegar al Senado, se destaca que los tres candidatos son idóneos para ocupar el cargo de magistrados anticorrupción, ya que acreditaron conocimientos en materia de transparencia, rendición de cuentas y demás” materiales especializadas de la normativa que deberá aplicar en el ejercicio de la función jurisdiccional”.
El nombramiento de los tres magistrados anticorrupción de Sala Superior y de 15 de salas regionales está pendiente desde el 2015 en que se llevó a cabo una reforma constitucional que, entre otras modificaciones, transformó al entonces Tribunal Fiscal, en l TFJFA, con facultades para sancionar a servidores públicos que hayan incurrido en hechos de corrupción.
El entonces presidente Enrique Peña Nieto presentó una propuesta de 18 magistrados, conformada por cercanos al PRI y PAN, que la final, por la división entre los panistas no pudo aprobarse y quedó congelada. Sin embargo, la Suprema Corte ordenó al Senado continuar el procedimiento y en julio pasado, el pleno desechó a los candidatos de Peña Nieto.
Hoy el presidente López Obrador mandó al Senado los nombramientos de los tres magistrados de la Tercera Sección del TEPJF. En su escrito, señala que los tres demostraron amplios conocimientos sobre el nuevo modelo de responsabilidades administrativas como parte del Sistema Nacional Anticorrupción.
