Fernando Camacho
Ciudad de México. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló que el despido de la auditora Muna Dora Buchahin se debió a un supuesto “conflicto de intereses” en el que habría incurrido la funcionaria y negó que haya obedecido a una presunta represalia por haber investigado manejos irregulares de recursos en diversas dependencias del gobierno federal.
Esta mañana, el portal Aristegui Noticias dio a conocer una carta firmada por Buchahin en la cual la hoy ex funcionaria denunciaba que había sido destituida de forma arbitraria luego de haber participado en una serie de investigaciones sobre manejo irregular de fondos en Sedesol y la Sedatu.
Horas más tarde, la ASF divulgó una carta, firmada por el auditor especial de Cumplimiento Financiero, Gerardo Lozano Durbernard, en la cual dicho funcionario asume toda la responsabilidad por la separación del cargo de Buchahin.
“Es falso que se le separe del cargo por los resultados de las auditorías que realizó durante su estancia en la institución”, aseveró el servidor público en la misiva.
De acuerdo con Lozano, “se cuenta con información de diversas fuentes, incluyendo los mismos funcionarios de la ASF que laboran en el área que fue dirigida por Buchahin, respecto a un conflicto de intereses, aprovechándose de su posición como funcionaria publica de la ASF”.
Lozano indicó que un ejemplo de ello es la contratación de la Asociación de Examinadores de Fraudes Certificados, encabezada por la ex auditora para prestar servicios de capacitación.
“Dichos servicios también fueron brindados a otras instancias públicas. Además de la ACFE, se cuenta con información y referencias de que Buchahin es socia y presidente Fraud Prevention And Examination, otra organización que también proporciona servicios de capacitación a entidades publicas auditadas por la ASF”.
Asimismo, Lozano Durbernard manifestó que “es desafortunada la visión que quiere transmitir Buchahin respecto a que las auditorias que emite la ASF son exclusivamente su mérito y responsabilidad” y recalcó que la conclusión de la relación de una servidora pública de confianza con la institución “es una asunto de carácter laboral”.
