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Julio Gutiérrez
Ciudad de México. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) inició un proceso de arbitraje contra algunas cláusulas que considera abusivas del contrato del gasoducto que construye Carso Gasoductos, firma de Grupo Carso, y que se ubica entre Salamayuca, Chihuahua, y Sásabe, Sonora.
Es el segundo proceso de arbitraje iniciado por la empresa estatal, luego de que esta semana fue presentado otro recurso similar para un gasoducto de que va de Texas a Tuxpan, Veracruz, en el que participan IEnova, una filial de la estadounidese Sempra Energy y la canadiense TC Energy.
En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, el Grupo Carso, del empresario Carlos Slim, informó que el día de ayer, 26 de junio, la CFE envió a Carso Gasoducto Norte una solicitud de inicio de arbitraje mediante la cual demanda la nulidad de ciertas cláusulas del referido contrato.
Según la firma de energía de Grupo Carso, se encuentra actualmente analizando el contenido de la solicitud de arbitraje recibida y su fundamento legal.
Carso Gasoducto Norte es una subsidiaria indirecta de Grupo Carso.
El pasado 23 de septiembre de 2015 la CFE y Carso Gasoductos, actualmente Carso Gasoducto Norte, celebraron el Contrato de Prestación de Servicio de Transporte de Gas Natural por gasoducto, hasta por una cantidad de 472 millones de pies cúbicos diarios en el trayecto Samalayuca-Sásabe, en los estados de Chihuahua y Sonora, por un período de 25 años.
“Dicho contrato fue firmado por Carso Gasoducto Norte tras haber presentado la mejor opción técnica y económica para la CFE, de acuerdo con la Licitación Pública Internacional No. LPSTGN- 002/15 convocada por la propia CFE”, refirió la empresa.
El gasoducto se encuentra en proceso de construcción.
El pasado 11 de febrero Manuel Bartlett, director general de la empresa productiva del Estado, indicó durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, que la CFE estaba “prácticamente en quiebra por contratos realmente leoninos” para la construcción de gasoductos, motivo por el que la compañía debe, según su titular, hasta 70 mil millones de pesos en un lapso de cinco años.
