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Jaime Nava
La Auditoría Superior del Estado (ASE) realizó una revisión financiera “externa, independiente y autónoma” de la ejecución de recursos provenientes del ramo 28 por parte del ayuntamiento de San Luis Potosí durante los primeros tres meses de la administración de Ricardo Gallardo Juárez, en la cual se registraron observaciones por más de 171 millones de pesos, cantidad que, posteriormente, fue reducida por la intermediación de un grupo de diputados de los autodenominados broncos, según documentos en poder de La Jornada San Luis y el testimonio de una fuente que atestiguó la visita y los pedimentos hechos por los diputados.
El 21 de abril del presente año, la Auditoría presentó el oficio número ASE-AEFM-0469/2016 dirigido a Ricardo Gallardo Juárez, y sellado de recibido por la Tesorería Municipal, para exhortar al ayuntamiento a “coadyuvar, facilitar y cooperar” con la presentación de la documentación comprobatoria para solventar las observaciones hechas por la ASE al revisar el ejercicio de recursos del ramo 28 de octubre a diciembre del 2015.
Aunque dichas observaciones fueron entregadas a la Tesorería el 12 de abril, el documento que la ASE presentó no era el que la propia auditoría había elaborado originalmente, de acuerdo a evidencia documental entregada a este medio. El pliego de observaciones del documento original contenía siete conceptos entre los que se encontraban la “relación de obras y acciones que no fueron concluidas al 31 de diciembre del 2015, indicando su estatus actual”; “relación de las obras y acciones del ramo 33, priorizadas y validadas por el Consejo de Desarrollo Social Municipal”; y “Acumulado de Transferencia, Obras Públicas y Adquisiciones, en Excel”, mismos que fueron eliminados en una versión posterior.
El documento original elaborado por la Auditoría Especial de Fiscalización Municipal constaba de 138 páginas fechadas al 4 de abril de 2016 y en ellas quedó registrada la firma tanto del auditor superior del estado, José de Jesús Martínez Loredo, como de la supervisora María del Socorro Alejandra Lomelí Quijano.
No obstante, de acuerdo con un testigo de la ASE, luego de que los diputados José Luis Romero Calzada, José Guadalupe Torres y Manuel Barrera Guillén intervinieran para solicitar que fueran retiradas las observaciones que incluían parte de las compras de medicamentos hechos a la misteriosa proveedora de nombre Sandra Sánchez Ruiz, los conceptos mencionados anteriormente fueron eliminados y el documento pasó de 138 a únicamente 123 páginas.
De tal forma que los egresos observados por la ASE, por carecer de comprobantes que justificaran su erogación, pasaron de 171 millones 689 mil 215 pesos a 137 millones 747 mil 720 pesos; es decir, el monto excluido del pliego de observaciones final es de 33 millones 941 mil 495 pesos que, a pesar de haber sido debidamente señalados, fueron borrados del documento entregado por la Auditoría a la administración municipal el 12 de abril.
Además, según puede observarse en la copia del documento, que cuenta con sello de recibido de parte del ayuntamiento de la capital, la versión alterada tiene la misma fecha de elaboración que la versión original; pero el documento con observaciones eliminadas no cuenta con la firma de la supervisora Lomelí Quijano y sólo fue firmado por el auditor superior Jesús Martínez Loredo.
El contrato con Sandra
En la cláusula séptima del texto del contrato OM/008/2015, supuestamente celebrado entre Sandra Sánchez Ruiz y el ayuntamiento capitalino para la compra de medicamentos durante el periodo comprendido entre el 5 de octubre y el 31 de diciembre del 2015, se indica que dichas compras serán pagadas con recursos provenientes del ramo 28, mismo periodo y ramo de recursos que fue auditado por el órgano de fiscalización del Estado.
La relación de cheques emitidos por el ayuntamiento de San Luis Potosí en diciembre del 2015 muestra que a Sandra Sánchez Ruiz le fue pagada, con recursos del ramo 28, una cantidad total de 16 millones 744 mil 118 pesos, mismos que, al momento de la revisión hecha por la auditoría, se encontraban sin comprobantes que justificaran el gasto.
El ayuntamiento tuvo 20 días hábiles para presentar la documentación a través de la cual haya aclarado a la Auditoría Superior del Estado que los gastos se hicieron con apego a la ley en lo que respecta a las observaciones por los más de 137 millones que se erogaron sin comprobantes. Los integrantes de la Comisión de Vigilancia en el Congreso del Estado podrían solicitar a la ASE que les proporcione la información que haya aportado el ayuntamiento.
La Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí define al pliego de observaciones como “el documento en el que se emite el resultado que se deriva de la revisión y fiscalización superior y se da a conocer a los sujetos de revisión, sobre las irregularidades susceptibles de constituir faltas administrativas y presunto daño patrimonial, a efecto de ser solventado a través de la jurisdicción y comprobación en el término que establece la Ley”.
