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Emir Olivares Alonso
El presidente Andrés Manuel López Obrador gestionará una reunión entre él, los padres de los 43 normalistas y el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, para que esa dependencia agilice las indagatorias sobre el caso; y dialogará con el secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval González, a fin de que el Ejército entregue toda la información que tenga sobre los crímenes contra los normalistas, ya que hasta ahora los datos que han proporcionado “son insuficientes”.
Esos fueron algunos de los compromisos que el mandatario federal asumió este miércoles con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de manera forzada durante los hechos en Iguala, Guerrero, de la noche del 26 y la madrugada del 27 d septiembre de 2014, durante una reunión que mantuvieron en Palacio Nacional.
Un tercer compromiso del presidente fue que bimestralmente entablará encuentros con las familias y con los representantes de las organizaciones civiles que los han acompañado para monitorear los avances de los trabajos encaminados a conocer la verdad y alcanzar la justicia, y dar con el paradero de los jóvenes.
Después del encuentro de carácter privado con López Obrador, las madres y los padres de los normalistas ofrecieron una conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), donde dieron a conocer estos tres compromisos asumidos por el mandatario, a unos días de que se cumplan cinco años de los hechos.
En el encuentro, las familias y sus representantes legales expresaron su preocupación -como adelantó este diario- de que varias instituciones del Estado mexicano, en particular la FGR y el Ejército- “no avanzan al ritmo” de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, creada por decreto presidencial y que es encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG), Alejandro Encinas.
En la reunión se acordó además que como parte de las indagatorias, se investigará a ex funcionarios estatales, federales e incluso mandos militares que incurrieron en omisiones, acciones durante los hechos, e irregularidades durante las investigaciones desarrolladas en el sexenio pasado, como el caso del ex titular de la Agencia de Investigación Criminal de la extinta Procuraduría General de la República, Tomás Zerón de Lucio.
“El presidente habló que en este caso se tiene que hacer como en una escalera: barrer de arriba hacia abajo. Por eso demandamos que se investigue a aquellos que fabricaron la mentira histórica”, aseveró Hilda Legideño, madre de uno de los jóvenes desaparecidos.
Emiliano Navarrete, padre de otro de los normalistas ausentes, indicó que las familias están desesperadas porque aun con los avances de la Comisión para la Verdad, “se avanza lento” porque no se ve el mismo compromiso de otras instancias federales.
“Vimos una postura clara del presidente: quiere seguir adelante, avanzar para conocer la verdad y saber dónde están. Tenemos la esperanza, al menos vemos una postura de seguir adelante. Pero sí, la lentitud desespera”.
Santiago Aguirre, director del Centro Prodh, señaló que uno de los acuerdos fue que el Ejército pudiera entregar toda la información sobre el caso con la que cuente, ya que pese al compromiso asumido por el general Sandoval González con la Comisión para la Verdad de así hacerlo. Lo que hasta ahora la Sedena ha entregado, dijo Aguirre, es información que obra en el expediente procesal y en el de las investigaciones realizadas por la COmisión Nacional de los Derechos Humanos.
Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, explicó que no se trató de una reunión formal y acartonada, sino que el presidente estuvo abierto al libre diálogo con los padres, los escuchó y se dio un intercambio de ideas, además que respondió sus preguntas.
