San Luis, ¿foco a fundir?

Unidades Estatales de Protección de Periodistas
Breve recuento de agresiones y amenazas
Baches: ¿Ayuntamiento o Seduvop?

No puede ser casualidad que San Luis Potosí haya sido elegido por el gobierno federal para iniciar los cursos de capacitación para la conformación de las Unidades Estatales de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. Lo lógico e incluso práctico sería comenzar en los estados de mayor riesgo o donde se han presentado el número más elevado de agresiones contra comunicadores y activistas. ¿Es nuestro estado un foco que intentan fundir antes de que sea demasiado tarde?

La desaparición de los periodistas Federico Manuel García Contreras y Adela Jazmín en junio y octubre de 2012, respectivamente, son quizá los hechos recientes más graves que han ocurrido en la entidad. A ellos se le suman casos de acoso, agresiones físicas y verbales, amenazas directas e indirectas que funcionarios públicos han cometido en contra de reporteros o activistas en San Luis Potosí.

En 2016, reporteros de Tv Azteca fueron detenidos y atacados ilegalmente por policías estatales en el municipio de Rioverde cuando se encontraban cumpliendo con su trabajo. Ese mismo año la entidad cobró notoriedad a nivel nacional tras la difusión de un video en el que se escuchó al alcalde de la capital, Ricardo Gallardo Juárez, mandar “mucho al diablo” a los medios que habían difundido y criticado la millonaria compra de medicamentos a una proveedora aún desconocida de nombre Sandra Sánchez Ruiz, además, pidió públicamente a los directivos de un canal de televisión que despidieran a un periodista crítico de su administración.

Derivado de estos y otros hechos como el acoso, hostigamiento y amenazas provenientes de sujetos y números telefónicos desconocidos de las que fue víctima el vocero de la agrupación Ciudadanos Observando, José Guadalupe González, la organización Artículo 19 emitió una alerta para manifestar su preocupación por el preocupante patrón de agresiones que hasta ese momento lograron documentar.

Poco después, Samuel Roa Botello presentó una denuncia en contra del diputado priísta José Luis Romero Calzada por haberle dicho “te va a cargar la chingada, vividor, reporterito de quinta, bájale de huevos, deja de meterte con mi vieja”. Días anteriores a la amenaza, Roa Botello divulgó una fotografía que daba cuenta del viaje que realizó la legisladora del Partido Acción Nacional, Xitlálic Sánchez Servín, para asistir a la final del futbol americano de la NFL.

Hace prácticamente un año, en agosto de 2016, el senador presidente de la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación, Marco Antonio Blásquez Salinas, aseguró que la cifra de violencia contra los comunicadores se había incrementado en 500 por ciento. Oficialmente, la comisión encargada de este tema en el Congreso local reconoce la existencia de 18 quejas.

Luego de que se pusiera al descubierto la red de corrupción entre el Congreso del Estado y la Auditoría Superior del Estado, nuevamente José Guadalupe González informó que él y su familia estaban siendo objeto de actos de intimidación y amenazas. En este contexto se insertan las actividades que funcionarios federales inauguraron ayer en San Luis Potosí.

Juan Manuel Carreras López explicó que pretenden realizar un “mapeo de riesgo” contra defensores de derechos humanos y periodistas para crear unidades estatales de protección con la finalidad de prevenir actos que vulneren la seguridad de los periodistas y, de ser necesario, activar los mecanismos legales con los que se cuenta para proteger su integridad.

El subsecretario de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, llenó de elogios del gobernador por tener la voluntad y asumir el compromiso de cumplir con los objetivos planteados a nivel nacional en materia de protección de activistas y periodistas. Con éste, junto a la alerta de género y la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción, suman tres los retos prioritarios a los que deberá hacer frente el gobierno del estado. ¿Estará a la altura el gabinete o estos asuntos impulsarán algunos cambios?

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Durante la administración municipal de Mario García Valdez, una de las críticas que lo acompañaron fue que las calles de la capital que encontraban en mal estado y hasta hubo quienes aprovecharon los baches para organizar torneos de golf. Ahora que el ayuntamiento está en manos de otros funcionarios la situación es igual o peor y resulta prácticamente imposible encontrar una sola avenida en buenas condiciones.

El abandono llegó a tal grado que tuvo que ser un ciudadano el que se diera a la tarea de tapar, con sus propios recursos, un enorme bache que se encontraba en la avenida Vasco de Quiroga. Un usuario de redes sociales identificó a esta persona con el apodo de El Chino y compartió su imagen junto con un mensaje en el que aseguraba que al ayuntamiento de San Luis Potosí se le habían hecho llegar 18 peticiones para que reparar la vialidad; sin embargo, no tuvieron respuesta.

“Espero les dé un poquito de vergüenza que un ciudadano se ponga a hacer su chamba”, reprochó el internauta a Ricardo Gallardo y a la dirección de Obras Públicas. La imagen se viralizó en Internet e incluso le recordaron al alcalde que su eslogan de campaña prometía “sacar del bache a San Luis”, por lo que horas después se apareció personal del municipio para sustituir el pavimento dañado por concreto hidráulico.

No obstante, el director de Respuesta Ciudadana, Eloy Franklin, salió a deslindar al ayuntamiento de la capital de cualquier responsabilidad y le pasó la bolita a la Secretaría de Desarrollo Urbano Vivienda y Obras Públicas. Se espera que la Seduvop también argumente que ese y cualquier otro hoyanco no es de su competencia. En lugar de repartir culpas, deberían ponerse de acuerdo para arreglar las calles, es lo mínimo que la ciudadanía espera de sus gobiernos.

(Redacción: Jaime Nava)