Ciudad de México. El subsecretario de Gobierno capitalino, Juan José García Ochoa, afirmó que a partir de los cambios en el gabinete de julio de 2015 no ha habido una sola consignación de manifestantes al ministerio público en los que se inicien acusaciones por ultrajes a la autoridad o ataques a la paz pública.
Al participar en el foro “Ley de amnistía en la Ciudad de México”, en la Asamblea Legislativa (ALDF), el funcionario señaló que de hecho no han efectuado consignaciones de detenidos en protestas públicas al ministerio público y son contados los casos de personas remitidas a juzgados cívicos por faltas a la Ley de justicia cívica, considerando que son entre 10 y 13 millones de personas las que se manifiestan en promedio al año.
Agregó que el gobierno de la ciudad tampoco ha impedido una manifestación por no tener el aviso que establece la Ley de Movilidad y se ha recurrido más bien a una política de diálogo con las organizaciones que las convocan y resaltó el hecho de que la Secretaría de Seguridad Pública le da acceso a su sala de crisis cada que hay manifestaciones y le permite introducir criterios en las decisiones que toman los mandos.
El funcionario sostuvo que si bien no se puede afirmar que todo está perfecto, los resultados “hacen pensar que estamos en el camino correcto” para impedir que se repitan “errores” como los que se cometieron en las manifestaciones del 1 de diciembre de 2012 y los procedimientos que se instauraron contra los detenidos por parte de la autoridad.
En ese caso, dijo que de las 104 personas que fueron detenidas, a partir de la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos capitalina (CDHDF), para efectos de la indemnización señalada en uno de sus puntos, la dependencia y este organismo han mantenido contacto con algunos de ellos en procedimientos que se realizan en secrecía con las víctimas a fin de evitar situaciones que se han presentado antes inclusive de extorsiones.
Refirió que para esto la Consejería Jurídica debió emitir un acuerdo señalando el correspondiente a lo que refirió al presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF, Luciano Jimeno Huanosta, que no hay en la ciudad, ni en el país, una ley de víctimas para el caso de indemnizaciones.
