Julio Reyna Quiroz
Ciudad de México. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) consideró un deterioro en los trámites y solicitud de servicios públicos para las empresas que operan en el país, e incluso para la apertura de nuevos negocios.
“Hablamos de una circunstancia en la que las entidades generadoras de empleo y detonantes del desarrollo económico, que son las empresas, deben realizar trámites deliberadamente complejos y engorrosos, advertencias de retrasos injustificados, y sugerencias implícitas de no emitir las autorizaciones para la apertura de negocios; es decir, enfrentan amenazas sutiles y en ocasiones explícitas de ser objeto de prácticas de corrupción y de extorsión”, aseveró el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther.
Por ello, el dirigente patronal solicitó al presidente Enrique Peña Nieto use su facultad constitucional para que envíe, al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, la iniciativa de Ley General de Mejora Regulatoria bajo el carácter de Iniciativa Preferente, ya que está próximo a su vencimiento el plazo para la emisión de dicha legislación. Además, instó a los gobernadores de las entidades federativas “a replicar sin demora, en el ámbito de su competencia, un acuerdo de desregulación similar al emitido en el orden federal, pues esto no requiere de trámite legislativo local”.
El directivo se refirió a la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en las Empresas, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la cual permitió contar con información relacionada con las experiencias y sensibilidades del sector privado al realizar trámites y solicitar servicios públicos, así como la percepción de los marcos regulatorios bajo los cuales operan las empresas establecidas y aquellas que pretenden situarse en México.
De Hoyos Walther dijo que los datos del Inegi son reveladores, pues las empresas pequeñas, así como las del sector industrial, observaron al marco regulatorio “como un obstáculo creciente”.
Poco más de la mitad de los empresarios consultados aseguró que las cargas administrativas para cumplir con el marco regulatorio fueron mayores que en el pasado, o bien, siguieron igual de pesadas y complejas, dijo el dirigente empresarial.
Indicó que la gravedad del problema se reflejó en que casi 7 de cada 10 empresas consideró que los actos de corrupción “frecuentemente tienen por objeto realizar trámites gubernamentales”, y que 5.6 por ciento reconoció haber sido víctimas de un acto de corrupción en los proceso administrativos.
“Comparando los datos del estudio “Doing Business México 2016” y la reciente encuesta del Inegi, se aprecia una correlación directa entre la baja calidad de la regulación, y los altos niveles de corrupción existentes en algunas entidades federativas”, afirmó De Hoyos Walther.
Agregó que los índices del Instituto Mundial de Competitividad y del Foro Económico Mundial demuestran cómo aquellos países con mayor calidad regulatoria, tienen mejores índices de desarrollo y de productividad.
De Hoyos Walther apuntó que “es el momento de que los actores políticos entiendan la urgente necesidad de una mejora regulatoria integral que permita mejorar la competitividad, incrementar la productividad, fomentar la inversión y disminuir las prácticas de corrupción”.
