Stella Calloni
Buenos Aires. Mediante una resolución, que contiene graves irregularidades, el juez argentino Ariel Lijo dispuso este viernes la detención del ex vicepresidente Amado Boudou para lo que utilizó una causa inexistente hasta el jueves, en que aludió a una posible “asociación ilícita”, con lo cual se justifican todas las detenciones preventivas de políticos y ex funcionarios del pasado gobierno de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien advirtió que Argentina asiste a un gran show político, mediático y judicial digitado desde el gobierno y que está en grave riesgo la democracia.
Fernández, a quien le abren causas constantemente en un evidente esquema de persecución política que se extiende a sus ex funcionarios y sus familias como forma de extorsión, respaldó que se investigue con seriedad a cualquier funcionario, pero sostuvo que en el argumento judicial para detener a Boudou existe “la posibilidad de obstrucción de la justicia es infinitamente más aplicable al caso de la imputación del presidente Mauricio Macri en la causa Correo Argentino”, que está silenciada a pesar de ser estafa al estado.
Nuevamente el gobierno demostró que se utilizan operativos de detención orquestados para ser transmitidos por televisión. Boudou estuvo el jueves en el juzgado, por otra causa sin pruebas, pero en vez de ser detenido ahí, se le detuvo en su domicilio, lo cual fue mostrado por los medios de forma degradante; lo sacaron de su casa descalzo.
Por su parte, Unidad Ciudadana (UC) que preside Fernández senadora electa por la provincia de Buenos Aires, responsabilizó al gobierno del presidente Mauricio Macri por la embestida judicial contra dirigentes opositores.
Según el comunicado de UC el plan del Ejecutivo “consta de dos claros objetivos: por un lado, atemorizar a cualquier dirigente opositor que intente oponerse a esta segunda fase de ajuste y embestida contra los derechos de los trabajadores. Por otro, distraer a la ciudadanía argentina imponiendo una agenda judicial, mientras se implementan en el plano económico y político las distintas reformas anunciadas días atrás contra los trabajadores, los jubilados y la sociedad en general”.
El comunicado sostiene que se está ante “una maniobra de disciplinamiento como pocas veces se ha visto en la historia de nuestro país” y recuerda que tan sólo en la última semana el Ejecutivo ha logrado correr de su cargo a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y suspendido a uno de los únicos jueces que se atrevió a fallar contra el brutal tarifazo en servicios del año pasado, Luis Arias, juez en lo contencioso de La Plata, provincia de Buenos Aires. Gils Carbó anunció su renuncia hace dos días, después de acciones de persecución degradantes contra su persona y su familia; y Arias fue injustamente suspendido y podría ser destituido.
El documento de UC denuncia amenazas a los representantes de los trabajadores. Este viernes el diario Clarín admite que Macri amenazó mediante dos de sus ministros a un importante dirigente sindical con ir preso, en caso de no apoyar la reforma laboral que el gobierno nacional intenta implementar.
Lijo, el juez quien dispuso la prisión de Boudou es el mismo que investiga la causa del Correo Argentino, en la que están imputados Macri y su familia, como dueños de la empresa SOCMA, que tiene una deuda de 70 mil millones de pesos con el Correo Argentino y que el mandatario intentó auto perdonarse, señala el comunicado de UC.
Macri está imputado en esa causa por administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública, y que, de hecho, “por derivaciones de ese expediente, renunció un Procurador del Tesoro y un presidente del Banco Nación por dictámenes que no favorecían a la empresa del Presidente”.
En este marco, desde UC se denunció la delicada situación que atraviesa la democracia argentina, donde se ha vulnerado (o se ha terminado) el Estado de Derecho y la división de poderes.
Por su parte el ex juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, sostuvo que la detención Boudou es parte de “una serie de shows judiciales y procedimientos de tipo mafioso” que prueban que en Argentina “se va cayendo a pedazos el Estado de derecho”.
Zaffaroni advirtió que el país y el poder Judicial están “asistiendo a un momento de regresión institucional” que puede tener “un resultado indeseable y lesionar nuestra cultura jurídica”. En el mismo sentido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos su colaboración en el caso de la dirigente social Milagro Sala para que se cumpla la cautelar en que se pidió la libertad o prisión domiciliara de la misma por las graves condiciones en que estaba detenida, en situación de ilegalidad en un penal en la provincia de Jujuy.
La CIDH determinó que las condiciones de detención de Milagro Sala constituían una situación de hostigamiento y estigmatización que ponía en riesgo su vida e integridad, situación agravada por el estado de la salud mental de la dirigente; y dispuso que el Estado argentino debía adoptar medidas para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de Sala.
