Laura Gómez Flores 

Ciudad de México. Un hombre fue detenido por el delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual, a través de las páginas de Internet Zona Divas y Boutique VIP, cuyos clientes de las mujeres extranjeras que promocionan, pertenecen a la Unión de Tepito.

En un operativo conjunto entre la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y la Comisión Nacional de Seguridad se cumplimentó una orden de cateo en un inmueble ubicado en la colonia Doctores, en calles adyacentes a una empresa televisora.

Trabajos de inteligencia de la División de Investigación de la Policía Federal establecieron que el lugar lo utilizaba para fotografiar a mujeres nacionales y extranjeras, y sus imágenes las incorporaba a un catálogo de servicios sexuales, que se difundía en esas páginas.

En conferencia de prensa el comisario general titular de la División de Investigación de la PF, José Antonio Vega Michaca y la fiscal central de investigación para la Atención de Trata de Personas, Juana Camila Bautista Rebollar, señalaron que suman siete los detenidos por este caso, cuatro hombres y tres mujeres.

Armando Arteaga, quien fungía como fotógrafo, fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde se buscará que un juez de control lo vincule a proceso y le imponga como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, donde permanecería hasta 30 años.

Una de las víctimas denunció que abusó sexualmente de una mujer, a quien se busca para robustecer la carpeta de investigación y se tienen alertas y prevenciones, pero dependen que la ciudadanía haga caso, comentaron.

“Vienen con un plan vacacional o de visita, y bajo ese tenor son enganchadas, bajo un engaño; y el Internet no tiene límites, pero no tenemos conocimiento que esta red opere en otro estado o país, de suceder, se haría la logística respectiva”, argumentó el comisario.

Hasta el momento, José Antonio Santoyo, alias El Sony dueño de Zona Divas, que fue bajada de Internet el 20 de abril, y ahora de Boutique VIP, está sustraído a la acción de la justicia, pero la investigación para dar con su paradero continúa, precisó Bautista Rebollar.

La primera barrera que enfrenta la autoridad, afirmó la fiscal, es que las víctimas de trata no se asumen como tal, no quieren denunciar a sus explotadores y es muy complicado convencerlas para que denuncien y narren los hechos al ministerio público.

De acuerdo con las investigaciones, más de mil mujeres firmaron una carta ante notarios, bajo engaños, para autorizar se subieran sus imágenes en esas páginas, pero “el miedo a hablar, porque es una red muy organizada, violenta y peligrosa, les impide hablar”, dijo.

La mayoría, reconoció, prefiere irse y no denunciar a sus tratantes, por lo que se ha pedido a un juez de control la prueba anticipada, a fin de que “declaren los hechos antes de iniciar el juicio y hagan las imputaciones que deben hacer y regresen a su país, de así desearlo”.

El 90 por ciento de las víctimas, principalmente venezolanas, ha decidido regresar a su país, y en cinco casos han solicitado el apoyo de la PGJ para el pago del pasaje, la cual cuenta con un fondo para atender este requerimiento.

Mientras salen del país, se les alberga en un refugio, donde son atendidas, cuya ubicación es resguardada. Las que deseen quedarse, se les apoyo con una carta humanitaria, para que tengan la autorización para hacerlo legalmente en la ciudad de México, explicó.

Las autoridades investigan el “golpe financiero” causado a la red, pues depende del número de servicio de cada una de las víctimas, señaló al dar a conocer que algunas mencionaron haber sido obligadas a consumir alguna droga.

Otras han declarado que el propietario de las páginas les conseguía clientes de la Unión de Tepito, por lo que continúan las investigaciones, indicó.

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