Armando G. Tejeda
Madrid.- El choque de trenes, ya inevitable, se producirá esta tarde, cuando en el Parlamento catalán, en Barcelona, se vote la declaración unilateral de independencia al margen de la legislación vigente, y, en Madrid, más o menos a la misma hora, se vote en el Senado español la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
Es decir, que mientras que en Cataluña las fuerzas soberanistas decretarán la entrada en vigor de su propia legalidad y sin acatar ni las resoluciones ni las medidas emitidas desde el Estado español; en la capital española se aplicará una legislación de excepción con la que se destituirá al pleno del gobierno catalán, se controlarán las iniciativas del Parlamento y se asumirá el control de las principales instituciones de la región, entre ellas la policía autonómica y los medios públicos de comunicación.
La coalición de Junts pel Sí -integrada por los nacionalistas conservadores del Partido Demócrata de Cataluña (PDCAT) y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC)-, junto con sus aliados de la Candidatura de Unidad Popular (CUP, anticapitalistas y feministas) presentaron finalmente ante la Mesa del Parlamento catalán la iniciativa que se va a votar en el pleno de esta tarde. Que, salvo alguna sorpresa inesperada, saldrá adelante con los 72 votos del bloque soberanista de los 135 escaños que forman la Cámara.
La resolución dice literal: “Constituimos la república catalana como estado independiente soberano, democrático y social”, al tiempo que apelan a “la comunidad internacional” a “reconocer” esta nueva figura en la geopolítica internacional, que hasta tiene ya el rechazo de algunos de los principales aliados de la región, incluida la Unión Europea (UE) y los países más influyentes del mundo, como Estados Unidos.
En la propuesta se indica que la constitución de la república catalana está fundamentada “en la necesidad de proteger la libertad, la seguridad y la convivencia de todos los ciudadanos de Cataluña”, aunque también señalan que constituye “una mano tendida al diálogo”.
Al tiempo con esta declaración, “Cataluña restaura hoy su plena soberanía, perdida y largamente anhelada, después de décadas de intentar, honestamente y lealmente, la convivencia institucional con los pueblos de la península ibérica”.
La propuesta también insta a “impulsar la suscripción de un tratado de doble nacionalidad con el gobierno del Reino de España”, y “dictar las disposiciones necesarias para la adaptación, modificación, y inaplicación del derecho local, autonómico y estatal vigente antes de la entrada en vigor de la ley de Transitoriedad”.
La resolución también habilita para recuperar la “eficacia de las normas anteriores a la sucesión de ordenamientos jurídicos, anuladas o suspendidas por motivos competenciales por el Tribunal Constitucional y por el resto de tribunales”, con especial atención a las referidas a impuestos o medidas de lucha contra la pobreza y la desigualdad social.
De esta forma, todo el pliego de medidas van encaminadas a poner en marcha la república catalana e incluyen reclamaciones como la de elaborar una propuesta de “reparto de activos y pasivos entre el Reino de España y la república de Cataluña, con fundamento a criterios internacionalmente estandarizados, y estableciendo un periodo de negociación entre los representantes de ambos estados”, eso sí, “sometiendo el acuerdo alcanzado, en su caso, a la aprobación del Parlament”.
Por último, se anima a todos los agentes cívicos y sociales para que en un mes constituyan la plataforma promotora del proceso o pacto nacional por el proceso constituyente. También da un plazo de 15 días para constituir una comisión parlamentaria de seguimiento del proceso constituyente y, por último, arenga a los ayuntamientos a “impulsar debates constituyentes desde el ámbito local”, promoviendo la participación de la sociedad civil y facilitando los recursos y espacios necesarios para que se lleven a cabo estos debates.
Mientras se presentaba esta propuesta en Cataluña, en Madrid se celebró el histórico pleno del Senado en el que se va a votar la aplicación, por primera vez desde la entrada en vigor de la Constitución española, del artículo 155.
Y a petición del propio Rajoy, que ofreció un discurso repleto de críticas al presidente catalán, Carles Puigdemont, al que responsabilizó tanto de la aplicación de esta normativa como de lo que ocurra en los próximos días y semanas en la región.
Rajoy tiene el respaldo pleno de su formación política, el derechista Partido Popular (PP), así como del principal partido de la oposición, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y del partido emergente Ciudadanos. En contra se posicionaron el bloque de partidos nacionalistas vascos y catalanas y de ámbito estatal la también fuerza emergente Unidos Podemos.
