Angélica Campillo
María de Jesús Almendárez Prieto, Marichuy, trabajadora de gobierno del estado que desde hace más de cuatro años sufrió acoso sexual por parte de uno de sus compañeros de la Seduvop, aseveró que continúa la discriminación en su contra y el mandatario Juan Manuel Carreras López no ha cumplido con las recomendaciones emitidas ni por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), ni por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Marichuy refirió que el gobierno del estado la sigue discriminando, ya que la tienen aislada de la Seduvop, e incluso el pasado 7 de diciembre se llevó a cabo la posada navideña para todos los trabajadores, pero ella fue la única en no ser requerida, por lo que decidió enviarle un escrito a Carreras López manifestándole la situación.
Almendárez Prieto destacó que en total, hay tres recomendaciones relacionadas con su caso: dos de la CEDH y una de la CNDH, “con eso a mí me dan una muestra de que las recomendación nacional no sirve, porque ellos siguen discriminándome, y son omisos porque ni siquiera dan contestación, es pura simulación”.
La afectada dio a conocer un video donde le solicita una audiencia al gobernador y éste en un tono fuerte y visiblemente molesto le responde que “ahorita la van a atender”, por lo que Marichuy expuso que si él es la máxima autoridad, no se debe haber dirigido a ella de esa manera, “si me grita a mí que soy funcionaria de gobierno, imagínate a una simple ciudadana”.
Criticó que el gobierno del estado tenga una propaganda dirigida a los potosinos, referente a no callarse y denunciar cuando se es víctima de acoso o de algún otro delito, “pero para qué denunciamos, véanme a mí. Al gobernador no le importa, porque él es el que debe parar la violencia y decirle a sus subordinados que paren, pero no lo hace”.
Señaló que luego de haber denunciado el acoso sexual, la transfirieron a otras áreas de gobierno, pero en la actualidad nuevamente la enviaron a laborar a la Seduvop, sin embargo, el sitio que le asignaron para desempeñar su trabajo es en una oficina localizada en la calle Pascual M. Hernández, en el Centro Histórico, a donde sólo acuden cinco personas, lo que calificó como una simulación, “me siento como si estuviera presa domiciliaria, cómo es posible que paguen renta en el centro y que nada más esa dependencia sea para mí, ahí caben 50 trabajadores y nada más somos tres de base y dos de honorarios, pero ellos sí pueden ir a la Secretaría, yo no, porque no me dan trabajo, y cuando voy, me agrede la subdirectora”.
Marichuy aseveró que no es posible que las autoridades declaren públicamente que aceptan la recomendación, pero no la cumplan, y continúen agrediéndola, “ni a la recomendación estatal le han hecho caso”.
