Jaime Nava
Los nuevos integrantes de la Comisión de Vigilancia en el Congreso del Estado de San Luis Potosí no rechazaron los dictámenes de las cuentas públicas de los ayuntamientos como lo habían informado. En la gaceta parlamentaria de la sesión que se llevará a cabo el próximo jueves, fueron integrados los dictámenes aprobados por la comisión que presidía el perredista J. Guadalupe Torres Sánchez, diputado que ayer pidió licencia a su cargo tras verse involucrado en la red de corrupción entre el Poder Legislativo y la Auditoría Superior del Estado.
Los dictámenes del Informe Final de Auditoría de la Cuenta Pública del ejercicio 2016 de los 58 ayuntamientos del estado fueron aprobados con las firmas a favor de J. Guadalupe Torres Sánchez, Jorge Luis Díaz Salinas y Óscar Bautista Villegas. En todos los casos aparece la firma “en contra” de la diputada Josefina Salazar Báez.
En 57 de 58 municipios, se informa el número de “Observaciones Financieras No desahogadas”, “Porcentaje de Observaciones Financieras con Respecto al Ingreso” y “Número de observaciones Administrativas No Desahogadas”. El ayuntamiento del que no se informan los montos observados por la Auditoría Superior del Estado es el de San Luis Potosí.
De la administración que encabeza Ricardo Gallardo Juárez los documentos únicamente dan a conocer que hubo 84 observaciones administrativas “no desahogadas” y fueron omitidos los dos apartados en donde tendrían que haber quedado registradas las cantidades en pesos observadas por la ASE y el porcentaje que representan respecto al ingreso anual “según estado de actividades”.
La nueva Comisión de Vigilancia liderada por la diputada del Partido de la Revolución Democrática, Graciela Gaitán Díaz, dieron por no aprobados los informes de las cuentas públicas de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial con el argumento de que no contaron con plazo suficiente para realizar un “análisis responsable”.
Las observaciones realizadas al ayuntamiento de Ébano, cuyo alcalde grabó y filtró el video donde se revela la existencia de una red de limpieza de cuentas públicas, ascienden a 40 millones 753 mil 36 pesos.
