Vicente Juárez
El diputado local Marco Antonio Gama Basarte exigió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) abandonar la inacción institucional y asumir una defensa activa de madres buscadoras, colectivos LGBTIQ+ y defensores del medio ambiente, quienes, advirtió, han dejado de encontrar en este organismo el respaldo efectivo y diligente que mandata la Constitución.
A través de un desplegado dirigido a la opinión pública, el integrante de la LXIV Legislatura se sumó a las expresiones de diversos colectivos sociales para hacer un llamado firme a la CEDH a fin de que deje de ser una instancia meramente testimonial ante la realidad que viven día con día las y los potosinos.
Aunque el legislador omitió mencionar en su comunicado a la actual ombudsperson, Giovanna Itzel Argüelles Moreno, quien fue reelecta por el Congreso del Estado para un segundo periodo que concluye en 2029, el texto subraya una crítica estructural al funcionamiento del organismo.
Gama Basarte expuso su preocupación al constatar que activistas, organizaciones defensoras del territorio y ciudadanos que ejercen la defensa de sus libertades perciben un vacío institucional. Aseguró que esta Comisión es una institución del Estado mexicano, de rango constitucional, conquistada gracias a la lucha histórica, por lo que no se puede permitir que tan importante conquista se diluya día con día ante el desinterés, la omisión y el cómodo conformismo.
En el documento, el diputado enfatizó que la protección de las garantías fundamentales no puede sujetarse a la conveniencia política, a coyunturas o a una prudencia excesiva. Por el contrario, indicó, el actuar de la CEDH debe abanderar las causas de todas las personas, independientemente de lo incómoda que resulte su
reivindicación.
Asimismo, recordó que la defensa de los derechos humanos no se agota en la recepción de quejas u orientación ciudadana, sino que exige acciones concretas: acompañamiento sensible a las víctimas, investigación exhaustiva, emisión de recomendaciones firmes e impulso de medidas cautelares, incluso ante los máximos tribunales del país.
En conjunto con diversas organizaciones no gubernamentales con presencia en el estado, el legislador articuló tres exigencias centrales hacia el organismo autónomo. La primera consiste en modificar de manera urgente su ruta institucional y retomar con autonomía, independencia y profesionalismo su función sustantiva. La segunda plantea establecer mecanismos reales y permanentes de diálogo, acompañamiento y protección para las madres buscadoras, los colectivos LGBTIQ+ y defensores de derechos humanos.
Finalmente, demandó ejercer a plenitud sus facultades constitucionales, sin omisiones, simulaciones ni subordinación a ningún otro poder o interés ajeno a la dignidad de las personas.
San Luis Potosí merece una Comisión presente, valiente y actuante. Una Comisión que no observe desde la distancia, sino que defienda desde la cercanía con las víctimas, concluye el documento.
