Diputados federales que integran el grupo parlamentario del Partido Verde publicaron un Punto de Acuerdo para exhortar al gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López a separarse de su encargo “hasta en tanto no se aclare dónde están los recursos destinados al pago de pensiones de trabajadores de la educación en la entidad en el año 2014 cuando se desempeñó como secretario de Educación Pública estatal”.
En el documento se indica que cuando Juan Manuel Carreras se desempeñaba como secretario de Educación, entre 2013 y 2015, ocurrió la “desaparición de 400 millones de pesos para pagar pensiones de maestros de Telesecundaria, que durante su vida laboral atendieron a los niños más pobres del estado”.
Asimismo sostuvieron que en materia de corrupción, el estado de San Luis Potosí ocupa un indigno 86.1% según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2015 y reprobaron que el dinero se reporte como “desaparecido” una cantidad tan escandalosa como lo son los cuatrocientos millones de pesos del fondo de pensiones para maestros de telesecundaria en San Luis Potosí.
A continuación se reproduce íntegramente el contenido del Punto de Acuerdo
Quienes suscriben, diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, la presente Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
La corrupción es definida como la práctica que consiste en hacer mal uso del poder, de funciones o de medios para sacar un provecho económico o de otra índole. Vencer y erradicar la corrupción constituye uno de los principales retos que en la actualidad enfrenta nuestro país y una de las demandas recurrentes vertidas por nuestra sociedad. En nuestro país, los moches, el tráfico de influencias, el desvió de recursos públicos, el enriquecimiento inexplicable, son actos habituales de corrupción los cuales provocan inseguridad y desigualdad entre los ciudadanos.
En lo referente a la corrupción, y de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2014 elaborado por Transparencia Internacional, México se ubicó en el lugar número 103 de un listado de 175 países; de igual manera, nuestro país se coloca en este rubro en la última posición de entre los países miembros de la OCDE.
En nuestra región, más de 30 posiciones separan a México de Brasil, nuestro principal competidor económico en la región; asimismo nos encontramos 82 lugares por debajo de Chile y 9 lugares por debajo de Colombia, según datos de Transparencia mexicana. Tenemos que puntualizar que la corrupción es un problema que ha infectado y contaminado a todo nuestro sistema político, no hay partido político que sea invulnerable a dicha práctica.
A pesar de lo anterior, siguen existiendo casos de corrupción e impunidad en nuestro país, un ejemplo que ha resonado a nivel nacional es el del gobernador Juan Manuel Carreras López, actual gobernador del estado de San Luis Potosí, quien cuando se desempeñaba como secretario de Educación del estado de San Luis Potosí, entre 2013 y 2015, ocurrió la desaparición de 400 millones de pesos para pagar pensiones de maestros de Telesecundaria, que durante su vida laboral atendieron a los niños más pobres del estado.
Lo anterior es intolerante, sobre todo si consideramos que es uno de los estados con mayor rezago educativo a nivel nacional, situándose en el lugar 13, lo que significa que un tercio de la población es analfabeta. Asimismo, tenemos que, en materia de corrupción, el estado de San Luis Potosí ocupa un indigno 86.1% según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2015, mientras que la tasa de actos de corrupción por cada 100 mil habitantes se ubica en 15.7%, la cuales son muy altas si las comparamos con los otros estados de la república mexicana.
El contar con un respaldo para el momento del retiro es una aspiración de todos los trabajadores, quienes con su esfuerzo diario aportan a los fondos de pensión, con la firme intención de pasar sus días de jubilación con tranquilidad. En cualquier ámbito, incluido el burocrático, se requiere del respaldo del gobierno para garantizar que los fondos de pensiones tengan un funcionamiento adecuado, conforme a los lineamientos que marca la ley, de manera que se proteja el dinero de los trabajadores.
Un plan de retiro marca una gran diferencia para la calidad de vida de los trabajadores que llegan a la edad de la jubilación, puesto que es en ese momento en el cual pueden ver materializado el tan ansiado descanso después de toda una vida de trabajo. Sin embargo, la situación del pago de pensiones del sector público en nuestro país ha tomado tintes alarmantes, ya que los sistemas pensionarios de estados y universidades amenazan con quebrar las finanzas públicas. En 2015 se estimó que cada año el gobierno mexicano destina 528,000 mdp al pago de pensiones, equivalente al 3.8% del PIB nacional, lo cual significa que este dinero se deja de utilizar en programas de gobierno; en el mismo problema se incluye a empresas estatales como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y los burócratas de gobiernos estatales y universidades públicas, cuyos trabajadores reciben una pensión con cargo al presupuesto público.
En este sentido, los funcionarios públicos de los tres ámbitos de gobierno deben conducirse de manera ética y honrada, toda vez que el dinero que manejan no es privado, sino que se trata de aportaciones que realizan los trabajadores que confían en las instituciones, como así lo hacen los profesores de las diversas instituciones educativas en el territorio nacional. Bajo estas condiciones, resulta reprobable que se reporte como “desaparecido” una cantidad tan escandalosa como lo son los cuatrocientos millones de pesos del fondo de pensiones para maestros de telesecundaria en San Luis Potosí, quienes dedicaron su vida a atender a niños de localidades vulnerables, y que ahora ven truncada su tranquilidad por falta de liquidez del órgano que debería haber protegido sus ahorros.
La problemática centrada en la descapitalización del fondo de pensiones debido al adeudo de 365 millones de pesos que arrastra el gobierno estatal de San Luis Potosí con la Dirección de Pensiones, se prometió resolver para la administración del gobernador en turno, destinándose 339 millones 700 mil pesos de la Secretaría de Educación, pero dichos pagos no se efectuaron a pesar de que existen documentos oficiales que dan cuenta del dinero mencionado.
El caso continua vigente, toda vez que el día 3 de marzo del presente año maestros jubilados del sistema de Telesecundaria realizaron una seria de bloqueos en las calles, como medida de presión para que la Junta de Conciliación y Arbitraje no acepte documentos falsos presentados por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), y que agilice los trámites que impiden el correcto avance de las audiencias programadas entre el 28 de febrero y el 1 de marzo, y que se han visto suspendidas por tácticas dilatorias operadas por el gobierno estatal.
Los profesores jubilados han manifestado que, en dos años de reuniones, los titulares de la SEGE mintieron al prometer la devolución del fondo de ahorro, cuyo adeudo a la fecha ascendería a 500 millones de pesos. En síntesis, no podemos permitir que la persona que encabeza la administración pública del gobierno del estado de San Luis Potosí sea una persona sin probada honestidad y con serias dudas en el manejo de recursos públicos; por tanto, consideramos imprescindible que se aparte del gobierno y aclare de inmediato el destino de los citados recursos.
Por lo anteriormente expuesto es que nuestro grupo parlamentario presenta el presente punto de acuerdo, porque creemos que quien comete un crimen tiene enfrentar los cargos a que se hace acreedor y resarcir los daños causados, por lo que nuestro grupo parlamentario pone a consideración de la asamblea la siguiente proposición con: Punto de Acuerdo Único.
La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del gobierno del estado de San Luis Potosí a separarse de su cargo hasta en tanto no se aclare el destino de los recursos destinados al pago de pensiones de trabajadores de la educación en la entidad en el año 2014 cuando se desempeñó como secretario de Educación Pública estatal.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 30 días del mes de marzo del año 2017.
Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Galico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Wendolin Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Diego Valente Valera Fuentes, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet.
