Carlos López Torres
A diferencia de nuestros contemporizadores empresarios, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Ciudad Valles, Raúl Altamirano Zúñiga, reclamó públicamente a los regidores de ese municipio que “en lugar de estar pidiendo más deberían concentrarse en retribuir con trabajo lo que se están llevando”.
Algo parecido es lo que piensan sobre los diputados muchos ciudadanos, después de conocer los despilfarros de los legisladores sobre las prerrogativas puestas a su disposición por la Junta de Coordinación del Congreso del Estado, por supuesto, con cargo al erario, es decir, a costa de nuestros impuestos.
Y es que como señala el dirigente de la Canaco Valles, aunque en el papel sigue existiendo la figura de que el cargo de regidor es honorífico, en la práctica hace mucho tiempo que se extinguió, para dar paso a la asignación de elevados sueldos y prerrogativas que son un insulto a la pobreza existente en las demarcaciones.
Algo parecido ocurre en el caso de los legisladores potosinos. En tanto el sueldo neto de cada “representante popular” es de 69 mil 565 pesos, en la práctica recibe 80 mil 201 pesos para el desempeño de sus labores. En total, lo que se llevan mensualmente en su bolsillo asciende a 149 mil 766 pesos.
Igual que en los ayuntamientos, son los partidos y sus representantes quienes cabildean y llegan a negociaciones onerosas como las ya conocidas, aunque su desempeño real en los cabildos y cámaras no sólo es improductivo, sino en muchas ocasiones contrario a los intereses populares, no obstante las dádivas clientelares, migajas o gestorías que ampulosamente propagan para justificar su ineficiencia e ineficacia.
Sin embargo, el acontecer de estas instituciones, cada vez más distantes de sus “representados”, revela un manejo gerencial en algunos casos o caciquil en los ayuntamientos más atrasados. Así, mientras en algunos municipios los alcaldes quisieran no contar con regidores o acotar su función, en el mejor de los casos, en otros en la práctica se niega su derecho a opinar o estar en desacuerdo con la opinión y decisiones del presidente municipal.
Es el caso de Cerro de San Pedro, donde el alcalde enfáticamente ha hecho saber a los regidores que no tienen derecho a estar en contra de él. No sólo eso, sino que se niega a pagar a los regidores actuales y sobre todo a los de la pasada administración un adeudo de 190 mil pesos, así como el adeudo que tiene el ayuntamiento desde 2014 con todos los trabajadores de 50 por ciento por concepto de aguinaldos.
Acaso por ello y por otra serie de irregularidades, que debieran ser investigadas, como el mantenimiento como asesores de sus progenitores y otros aviadores en el ayuntamiento, es que el edil se niega a cumplir el exhorto de la Legislatura local, en el sentido de cambiar al contralor nombrado de manera ilegal por Jesús Nava Loredo, el mismo que mandó allanar y desalojar la Casa de Cultura de la cabecera municipal; el mismo que no ha rendido cuentas del uso dado a 10 millones de pesos que entregó la Minera San Xavier, así como los 8 millones que la Federación le entregó por concepto de impuestos de la misma empresa canadiense, aunque el Congreso tiene pleno conocimiento de ello.
Además de esta información que nos hicieron favor de proporcionarnos vecinos de la demarcación sampetrense, agradecemos el que nos hayan hecho llegar el número de las patrullas de los polis estatales que se dedican a extorsionar en ese rumbo: patrullas 2186 Dodge Dakota y número 2000 Ford F-150, respectivamente, tripuladas por agentes tamaulipecos.
