Jorge Torres
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un exhorto dirigido a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para que revoque la autorización de la manifestación de impacto ambiental presentada por la empresa Centro de Ingeniería y Tecnología Sustentable Palula, SA de CV, del proyecto de confinamiento de residuos industriales en Santo Domingo, además de que remita un informe al Legislativo federal sobre el impacto ambiental que producirá.
El punto de acuerdo fue presentado por los diputados Virgilio Dante Caballero Pedraza y María Chávez García, del grupo parlamentario de Morena, mismo que fue turnado a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento; Comunicaciones y Obras Públicas, para su análisis y dictamen.
Los diputados federales señalaron que actualmente los habitantes de los municipios de Santo Domingo, Real de Catorce, Vanegas, Cedral, Matehuala, todos del estado de San Luis Potosí, así como Mazapil y Villa de Cos, en Zacatecas, se encuentran bajo estado de riesgo sanitario y daño ecológico de sus comunidades por la construcción y puesta en marcha de este confinamiento.
Indicaron que los residuos provienen de los sectores automotriz, aeronáutico, metalmecánico, minero e industria química y petroquímica, entre otros, tales como cianuro, arsénico, cromo, cadmio, mercurio y otros metales pesados que son desechos altamente tóxicos, por lo cual de construirse el tiradero cuya manifestación de impacto ambiental fue autorizada por la Semarnat, afectaría directamente el área natural protegida de Wirikuta, ruta sagrada de la comunidad indígena wixárika (huichola), considerada reserva de la biosfera, que abarca los municipios mencionados.
Destacaron que además el programa de posgrado en derechos humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí identificó numerosas violaciones administrativas y omisiones que se traducen en violaciones graves de los derechos humanos de las personas que habitan las zonas colindantes, tales como el derecho a la consulta, a la información, a un medio ambiente saludable, al trabajo, a la legalidad, al uso y disfrute de sus territorios.
“Esta soberanía hace votos a favor de mantener el gran compromiso de proteger el medio ambiente, ya que de esto depende la calidad de vida de las familias mexicanas y la de nuestros sucesores; la ética y legalidad debe de ser el pilar que sustente los trámites administrativos para las empresas del ramo de desechos industriales; el peligro que conlleva la opacidad para atender las demandas populares en torno a situaciones tan delicadas como la estudiada, debe de ser atendida a la brevedad”, concluyó la Comisión Permanente del Congreso de la Unión respecto a este tema, el cual tuvo el aval de todos los integrantes de la mencionada comisión.
