Angélica Campillo
Luego que Raúl Espínola Gutiérrez, abogado de los padres de familia de la escuela José María Morelos y Pavón, quienes se opusieron a la entrada en operaciones de la Subcomandancia Centro, solicitara la intervención de los diputados federales del Congreso de la Unión para que exhorten a la delegación de la Procuraduría General de la República en San Luis Potosí a fin de que se abstenga de interferir en el trabajo que realiza el tercer juzgado de distrito y primer tribunal colegiado del noveno circuito, la mayoría de los legisladores se deslindaron del tema al manifestar, por escrito, que esa situación no está dentro de sus facultades.
Cabe recordar que en 2015 el tercer juzgado de distrito en San Luis Potosí y el primer tribunal colegiado del noveno circuito con sede en la misma entidad, ordenaron la suspensión de la obra que inicialmente pretendía albergar una subcomandancia. Luego de ello la síndico del ayuntamiento capitalino de la pasada administración, María Eugenia Rivera Morales, denunció tanto al abogado como a dos de sus clientes, y la denuncia fue ratificada por la actual síndico María Isabel González Tovar. Desde el inicio la demanda se justificó bajo el argumento de que los tres magistrados del tribunal colegiado fueron engañados.
Por este motivo, el pasado 25 de agosto del presente Espínola Gutiérrez solicitó un punto de acuerdo al Poder Legislativo para que se exhorte a la delegación de la PGR a que se abstenga de intervenir, cuestionar, interferir directa o indirectamente en el trabajo judicial, expediente 590/2015, que realizan el tercer juzgado de distrito y el primer tribunal colegiado del noveno circuito de San Luis Potosí.
“Son varias la citas a comparecer y varios los intentos por ofrecer pruebas que son ignoradas, la PGR tiene en constante temor, angustia y ansiedad a los menores involucrados y a sus padres, pues el mensaje es que no se metan con las decisiones del gobierno, revictimizando a los menores”, aseveró el representante legal.
En su contestación a la solicitud del punto de acuerdo que pidió el abogado, los diputados federales Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, Érika Briones Pérez, Fabiola Guerrero Aguilar, Ángeles Rodríguez Aguirre, Xavier Nava Palacios, Christian Joaquín Sánchez, Delia Guerrero Coronado y Marco Antonio Gama Basarte refirieron: “De lectura integral a su escrito de petición, preciso señalarle que su petición no puede ser atendida en sus términos, toda vez que de conformidad con el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, no se encuentra dentro de las facultades que por ley le confiere a éste órgano legislativo o a sus integrantes…”.
Sin embargo, el diputado Cándido Ochoa Rojas le requirió que se le integre un expediente con la información completa, para estar en posibilidad de proponer un punto de acuerdo por el que se exhorte a la PGR para que se abstenga, con su actuar, de inhibir la participación de los padres de familia en defensa del interés superior del menor.
Por su parte, el senador Teófilo Torres Corzo manifestó que será valorada su petición, “de conformidad con las facultades y la competencia que la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento del Senado, le confieren a esta institución”. Asimismo le sugirió acudir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para manifestar su queja. Ni la senadora Sonia Mendoza Díaz ni el senador Octavio Pedroza Gaitán han respondido a la petición del abogado.
Apuntó que, de igual forma, presentó un amparo señalando como responsables al procurador general de Justicia de la República, al subprocurador de Procesos Penales Federales y Amparo, así como al delegado de la PGR en San Luis Potosí, en razón de la omisión de tomar en cuenta las pruebas ofrecidas por el indiciado, lo anterior por negarse a estudiar 12 tomos que conforman el juicio de amparo primogénito que sigue en trámite ante el juzgado tercero de distrito de esta ciudad.
