Guadalupe González, dirigente de Ciudadanos Observando, criticó que en México de nada sirven las denuncias contra funcionarios corruptos, pues todas las instituciones están coludidas y ninguno de los señalados es sancionado.
En este sentido, recordó que, por ejemplo, hay siete solicitudes de juicio político en contra del auditor José de Jesús Martínez Loredo, las cuales están plenamente sustentadas, por lo que consideró que el video en el que aparece Enrique Flores Flores diciéndole a un alcalde cómo limpiar sus cuentas públicas es una revelación de lo podrido que está el sistema en México.
Destacó que los congresos están corrompidos y la Auditoría Superior del Estado también, como con el caso de Sandra Sánchez Ruiz, o la fiesta inexistente de diciembre, casos en los que nadie ha sido sancionado.
Hizo énfasis en que todo esto habla de la terrible corrupción, y por ello calificó como inconcebible que los propios diputados sean quienes designen al auditor estatal o al fiscal anticorrupción, que se supone que serán las personas encargadas de revisar que desempeñen sus labores con apego a la legalidad.
El activista sentenció que la ASE y Congreso en San Luis Potosí son una vergüenza nacional, que deben sufrir algún castigo para terminar con estas prácticas.
Al respecto de lo que debe hacer la ciudadanía para combatir a los funcionarios corruptos, criticó que “estamos atados de manos” porque de nada sirve interponer una denuncia si las autoridades que deberían investigar y sancionar son las mismas o trabajan coludidas con las señaladas, por lo que apuntó que la única opción es recurrir a organismos internacionales.
Para cerrar, cuestión que de qué sirve el voto si muchos de esos “ladrones de cuello blanco” son plurinominales, elegidos por los propios diputados, aunque advirtió que la desaparición de esta figura no es garantía para erradicar la corrupción, pues algunos legisladores electos por mayoría también incurren en estas prácticas. Asimismo, hizo un llamado a la Auditoría Superior de la Federación para deje de delegar responsabilidades a la ASE, porque es corrupta, y, por otro lado, a la PGJE, porque no hay castigo para quienes cometen delitos.
