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Aprueban cobro de engomado a autos “chocolate” en BC

Este dictamen aprobado no prevé la obligatoriedad de los autos chocolates, que quieran un engomado, de cumplir con la verificación vehicular y el seguro del vehículo. Foto: Cuartoscuro /Archivo

Antonio Heras

La mayoría de Morena en la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de Baja California aprobó la tipificación como delito de la expedición de placas apócrifas para la circulación de vehículos en vialidades de la entidad y la creación de un Instituto que cobrará a autos “chocolate” un engomado que les permitirá transitar sin problema alguno.

El dictamen 31 advierte, a iniciativa de la diputada Monserrat Caballero, coordinadora de la bancada de Morena, que se sancionará con dos a nueve años de prisión y multa económica a quien expida dichas placas de circulación, como es el caso de las organizaciones que justificando que tienen protección de la justicia federal vía un amparo, elaboran placas de circulación con folios de número y letra.

Los destinatarios de esta reforma al Código Penal del Estado son la organización Anapromex que dice tener 240 mil afiliados en Tijuana y Mexicali a los que cobra, en promedio, mil 500 pesos anuales, además de Onapaffa y Amlopaffa.

Se estima que en esta entidad circulan más de 800 mil vehículos “chocolates” que portan placas de estas organizaciones o láminas extranjeras, la mayoría de California y Arizona.

Con cuatro votos a favor de diputados de Morena y uno en contra, se aprobó adicionar el artículo 250 al Código Penal, por lo que Baja California podría ser la entidad número 15 en castigar con cárcel a quien expida placas de circulación apócrifas.

Otro dictamen que se validó en esta comisión con los cuatro votos de los morenistas Julia González, Víctor Navarro (expriista), Eva Rodriguez y Juan Manuel Molina (exmilitantes panistas) fue la creación del Instituto de Identidad Vehicular que presentó el gobernador Jaime Bonilla el 30 de diciembre del 2019.

Lo que se ha denominado como Bonillapromex consiste en hacer un censo de vehículos irregulares que transitan por Baja California para dotarles de un engomado por mil pesos para que circulen por la entidad hasta en tanto se expide el decreto presidencial de regularización de vehículos que emitiría Andrés Manuel López Obrador.

Este dictamen aprobado no prevé la obligatoriedad de los autos chocolates, que quieran un engomado, de cumplir con la verificación vehicular y el seguro del vehículo.

Después de publicada, el gobernador está dando cuatro meses para que se inscriban en ese padrón y cumplan con los requisitos, pues de lo contrario se harían acreedores a una multa de tres a 15 UMAS (Unidad de Medición Actualizada).

La votación se inclinó con cuatro votos a favor y con el sufragio en contra de Aracely Geraldo, para que después sea enviado al pleno para su discusión y aprobación.

Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales se aprobó el Instituto de Identidad Vehicular que presentó el gobernador Bonilla

También los morenistas desecharon la iniciativa para dotar de seguridad social a los bomberos de la entidad bajo el argumento que no es una actividad “estratégica ni prioritaria para el Estado”.

A pesar que en la Ciudad de México el Cuerpo de Bomberos es un órgano descentralizado, el ahora diputado panista Molina dijo que era improcedente la creación de un organismo paraestatal porque afectaría los derechos de los bomberos que pertenecen a la esfera municipal y confirmó que esta iniciativa iría en contra del interés público.

En Baja California, los bomberos pertenecen a los gobiernos municipales y sus sueldos oscilan entre los dos mil 500 a dos mil 800 pesos quincenales, aunque la gran parte de ellos son voluntarios que hacen “méritos” para integrarse a la nómina una vez que haya alguna vacante.

Los Cuerpos de Bomberos cuentan con patronatos que proveen de recursos financieros para su operación y mantenimiento.

Esta iniciativa para elevar a rango constitucional el servicio público del rescatista en Baja California, fue rechazado por asegurar que no existe soporte jurídico para implementarla.

JSL
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