Discusión sobre derechos de audiencias, “de improviso”: Amedi

Susana González G.

Ciudad de México. La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) acusó a la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados -presidida por Lía Limón García, diputada del Partido Verde- de aprobar un dictamen “regresivo y contradictorio” de una iniciativa de ley que “desmonta” la noción de servicio público, desprecia los derechos de las audiencias y debilita las atribuciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

La discusión al respecto, dijo, se realizó “de improviso y a espaldas de las organizaciones de la sociedad civil conocedoras de la libertad de expresión, el derecho a la información, la comunicación democrática y los derechos de las audiencias”.

El dictamen fue resultado de la propuesta que hicieron Clemente Castañeda Hoeflich y Federico Döring Casar, diputados de Movimiento Ciudadano y del PAN, quienes plantearon derogar la distinción entre información y opinión, así como realizar modificaciones que atentan contra las facultades del IFT y los derechos de las audiencias.

La Amedi ponderó que dicho dictamen contradice la reforma en telecomunicaciones de 2013, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), así como la ley secundaria de la misma que otorga al IFT la facultad de regular, promover y supervisar la prestación de los servicios de radiodifusión, así como vigilar y sancionar las obligaciones en materia de defensa de las audiencias y emitir los lineamientos correspondientes.

También “deroga la mención de que el servicio público de radiodifusión se preste en condiciones de competencia y calidad, como lo establece la fracción tercera del artículo sexto constitucional y el artículo 256 de la LFTR, mismo que buscan suprimir indebidamente, invitando a los agentes económicos preponderantes en radiodifusión y telecomunicaciones a que también busquen limitar las atribuciones del regulador ¡en temas de competencia y calidad!”, advirtió la organización.

Intromisión al Poder Judicial

Incluso consideró que dicho dictamen “debe entenderse como una intromisión al Poder Judicial” ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analiza dos acciones de inconstitucionalidad sobre los derechos de las audiencias que presentaron la Presidencia y el Senado de la República.

“Corresponde al máximo tribunal discutir y resolver el asunto. El dictamen de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados debe entenderse como una intromisión al Poder Judicial, en cuyo momento procesal le corresponde resolver. El Congreso de la Unión ya discutió y aprobó la reforma constitucional y la ley secundaria, el IFT ya emitió los lineamientos. Compete a la Suprema Corte resolver la inconstitucionalidad de las demandas”, puntualizó.

El trasfondo de dicho dictamen y lo inédito de dicha iniciativa, condenó la organización, “es el vaciamiento del servicio público de radiodifusión porque se suprime su esencia: los beneficios de la cultura, la preservación de la pluralidad y la veracidad de la información”, más allá de que en el derecho de las audiencias se busque derogar la diferencia entre información noticiosa e información o que se obligue a los concesionarios a distinguir entre publicidad y contenido de un programa para que no se engañe a las audiencias.

“Como siempre, los diputados quieren congraciarse con la industria”

Los concesionarios se escudan en la defensa de la libertad de expresión de los medios y sus comunicadores, los mismos que tienen el privilegio de tener espacios en la radio, la televisión, la prensa escrita y la Internet, pero, dijo, muy poco les importa los derechos de las audiencias. No quieren ser sancionados si pasan encima de ellos, no quieren que los códigos de ética y los defensores de la audiencia sean “convalidados” por el IFT y tampoco quieren que las transmisiones sean suspendidas precautoriamente cuando violen los derechos de las audiencias.

Tampoco los diputados que aprobaron el dictamen se preocupan por las audiencias: “como siempre que los legisladores quieren congraciarse con la industria de la radiodifusión, la deliberación del dictamen fue atropellada, expedita, apabullante y colmada de falacias, pero eficaz en sus objetivos de agradar a los concesionarios”, puntualizó.

La organización volvió a hacer un llamado a los legisladores a respetar las leyes que aprobaron en 2013 y 2014 como parte de la reforma en telecomunicaciones.

“Al deliberar sobre el agraviante dictamen, lo que van a decidir los diputados es muy simple: defender a las audiencias de las prácticas abusivas de los concesionarios o despreciarlas. La decisión es histórica, con nombre y apellido, y cada voto de los diputados a favor del dictamen es repudiarse a sí mismos, porque los legisladores y los políticos también son audiencias”, concluyó.