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Emplaza STPS a empresas adaptar accesos para discapacitados

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Ciudad de México. Las empresas del país que tengan contratado al menos un trabajador con discapacidad o superen los 50 empleados, tienen hasta finales de octubre para concluir las adaptaciones a los centros de trabajo que les faciliten el acceso como rampas o barandales de apoyo, señalizaciones, etcétera, o podrán hacerse acreedoras a multas, dijo el subsecretario de Previsión Social de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Ignacio Rubí Salazar.

Lo anterior como parte de la Norma Oficial Mexicana NOM-034-STPS-2016, que entró en vigor el 19 de septiembre y establece un plazo de 30 días a las empresas para hacer las adecuaciones.

Durante su participación en el segundo Foro de empresarios hacia una nueva cultura laboral, organizado por Confederación Mexicana de Organizaciones en Favor de Personas con Discapacidad Intelectual (Confe), el funcionario señaló que dicho ordenamiento es resultado de la reforma laboral aprobada en noviembre de 2012 y su cumplimiento puede deducirse a 100 por ciento de los impuestos, lo mismo que el monto de los salarios que se pagan a los trabajadores con discapacidad.

El objetivo de la NOM es establecer las condiciones de seguridad para proteger la integridad física y salud de los trabajadores con discapacidad en los centros de trabajo, así como para el acceso y desarrollo de sus actividades.

De acuerdo con el funcionario, el universo de personas con discapacidad en México a nivel nacional es de 6 millones, de los cuales poco menos de 4 millones tienen posibilidades de obtener un empleo, pero solo 60 por ciento (2 millones 400) se encuentra efectivamente trabajando.

Rubí Salazar adelantó que en esta legislatura el titular del Ejecutivo presentará una iniciativa al Congreso para que por ley se establezca una cuota de trabajadores con discapacidad en dependencias federales.

«Esta iniciativa, que comprometió el Presidente, ya está prácticamente terminada es establecer la cuota de tres por ciento de las vacantes de la administración pública federal para que sean ocupadas por personas con discapacidad, pero inmersas en este enfoque racional de empatar el perfil de la persona con discapacidad con el del puesto, porque resulta profundamente injusto que luego en posiciones asistencialistas, paternalistas y clientelares se le da la oportunidad de trabajar a las personas, pero las mandan hasta la esquina donde no los vean y no están desarrollándose ni ejerciendo su derecho al trabajo».

Directora general de Confe, Raquel Jelinek, lamentó que en México las personas con discapacidad no están pudiendo acceder a empleos productivos, la única forma de integrarlos en la sociedad y transformarlos de personas pasivas y dependientes a miembros activos de la sociedad.