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Susana González G.
Ciudad de México. Frente al incremento de precios que ha registrado el limón y el aguacate en las últimas semanas al grado de venderse hasta 55 y 90 pesos por kilo, respectivamente, laProcuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió 90 requerimientos de información a productores, distribuidores y comercializadores de ambos frutos para que en un plazo máximo de 15 días expliquen a qué se debe su encarecimiento.
El objetivo de tal solicitud de información es que los miembros de las cadenas productivas del limón y aguacate expliquen los componentes de precios de los mismos y si el alza “obedece a cuestiones estacionales, climáticas o a un mayor volumen de exportación”. Según la dependencia, los requerimientos se complementa con las acciones de verificación focalizada y constantes monitoreos que realiza sobre ambos productos y que pone a disposición de los consumidores a fin de que tomen su “mejor decisión de compra”, es decir que los adquieran donde se venden más baratos.
La Profeco ha recurrido con anterioridad a este mecanismo de solicitud de información a productores, comercializadores y distribuidores de determinados alimentos. Así ocurrió a principios de 2017 cuando se disparó el precio de la tortilla como consecuencia del llamado gasolinazo y para lo cual envió 26 requerimientos de información sobre la estructura de costos a productores de masa y tortilla, pero hasta el momento no se conocen los resultados de dicha investigación.
De los 90 requerimientos que la Profeco envió en esta ocasión para quienes producen o venden limón y aguacate, 45 fueron enviados a productores y comercializadores de limón. De ellos, 22 se ubican en el estado de Veracruz, 16 en Colima y los restantes 7fueron remitidos a bodegas de la Ciudad de México.
La dependencia insistió que el aguacate, el tercer productos agroalimentario que más exporta México sólo superado por la cerveza y el jitomate, no forma parte de la canasta básica alimentaria de los mexicanos.
De cualquier manera envió 45 requerimientos de información a la cadena de abasto del fruto que se distribuyeron de la siguiente manera: 16 a Michoacán, principal productor nacional del fruto, 9 a Jalisco y 22 a los principales distribuidores del centro del país, ubicados en la Central de Abasto de la Ciudad de México.
El artículo 13 de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) otorga a la Profeco facultades para verificar “a través de visitas, requerimientos de información o documentación, monitoreos, o por cualquier otro medio” el cumplimiento de la ley. Los proveedores “están obligados a proporcionar a la procuraduría la información o documentación necesaria que les sea requerida para el cumplimiento de sus atribuciones”.
La Profeco aseguró que mantiene “una estrecha vigilancia en toda la cadena de distribución para evitar que se registren alzas injustificadas e identificar los factores que están incidiendo en la variación del precio para proteger los derechos de los consumidores”, en particular en los productos de la canasta básica en todo el país para evitar abusos contra los consumidores.
