Cinco alcaldes, a declarar
El tercer colgado del mes
Esta mañana los alcaldes de Villa de Reyes, Tierra Nueva, Villa de Arriaga, Santa María del Río y Villa de Zaragoza acudirán a la Procuraduría General de Justicia del Estado para dar su declaración en la investigación que se lleva a cabo en contra de los diputados con licencia: José Guadalupe Torres Sánchez, Óscar Bautista Villegas, Enrique Flores Flores y el todavía legislador, Manuel Barrera Guillén; así como los ex funcionarios de la Auditoría Superior del Estado José de Jesús Martínez Loredo, Sandra Elizabeth Anguiano y Manuel Abraham Reinhardt Guerrero.
La presentación de los alcaldes fue motivada por la denuncia que presentaron miembros del Frente Ciudadano Anticorrupción cuando se dio a conocer el video que puso en evidencia lo que muchos ya suponían: que entre el Congreso del Estado y la Auditoría se ponían de acuerdo para borrar observaciones a las cuentas públicas de los ayuntamientos a cambio de un beneficio económico; por supuesto, con cargo a las finanzas de cada municipio.
Los presidentes municipales fueron citados como testigos y deberían explicar si los diputados señalados les propusieron la contratación de su servicio de blanqueamiento VIP o no y si contrataron algún paquete de limpieza o no. Esta última es quizá la pregunta más compleja porque su respuesta podría generar una investigación en su contra por haber formado parte del vehículo corruptor que la lengua de Flores Flores se encargó de desbielar.
Posiblemente el testimonio de los ediles será utilizado para nutrir la solicitud de desafuero que la PGJE tiene pendiente de realizar ante del Poder Legislativo. Justamente ayer el subprocurador de Asuntos Jurisdiccionales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Aarón Edmundo Castro Sánchez, informó que siguen realizando lo conducente a fin de que la petición de juicio de procedencia en contra de los involucrados en la “ecuación corrupta” tenga sustento jurídico.
El temor de los involucrados en la trama de corrupción debe ser grande porque en redes sociales se echaron a andar los bots y las versiones que aseguran que miembros del Frente Ciudadano Anticorrupción negociaron dar apoyo político a los alcaldes si testifican en contra de los diputados que han sido denunciados penalmente. A los patrocinadores de esa campaña se les olvida que existe un video donde el ex panista Enrique Flores Flores detalla claramente quiénes participan en el turbio negocio y cuál es la función de cada uno de ellos.
Seguramente desde ayer los celulares de los testigos no han dejado –ni dejarán– de sonar.
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San Luis Potosí volvió a aparecer en la lista negra que emite el gobierno de los Estados Unidos para alertar a sus ciudadanos y a los funcionarios de ese país que trabajan en territorio mexicano acerca de los riesgos que pueden correr si viajan a algunas partes de México por la violencia que existe derivada de las actividades de la delincuencia organizada.
El documento contiene recomendaciones generales y reglas que deben acatar sin excepción los empleados gubernamentales. Las sugerencias consisten en evitar alejarse de los complejos turísticos y, preferentemente, no visitar la región fronteriza o zonas dentro de las grandes rutas del tráfico de drogas; mientras que los funcionarios y sus familiares tienen prohibido “frecuentar clubs de adultos y establecimientos de juego y apuestas” y deben acatar el toque de queda impuesto por la Embajada que les impide dejar ciudades como San Luis Potosí entre la 1 y las 6 de la mañana.
Y cómo no va a haber alerta si la madrugada de ayer apareció otro cuerpo colgado de un puente sobre la carretera a Matehuala. El tercer caso de este tipo en lo que va del mes, con la diferencia de que ahora sí revelaron datos sobre la víctima, la cual fue identificada como un ex policía estatal quien supuestamente había dejado la corporación desde hace ocho años.
El dirigente del Partido de la Revolución Democrática olvidó que un buen número de los cuerpos tirados o colgados aparecen en los límites de Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí, municipios gobernados por su partido y expresó: “la impunidad con que operan los delincuentes les permite incluso colgar a sus víctimas en los mismos lugares sin que nadie intervenga”. Razón tiene, nadie, ni los cuerpos policiales de sus ayuntamientos han actuado, visto o reportado a los criminales que a diario colocan cadáveres en la zona metropolitana.
(Redacción: Jaime Nava)
