Stella Calloni, corresponsal
Buenos Aires. Argentina comenzó el año con un último decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 941/2025) emitido por el ultraderechista presidente, Javier Milei, que convertirá a este gobierno en una virtual dictadura encubierta, ya que “se trata de crear un servicio de inteligencia con una operatividad similar a un grupo parapolicial, poniendo en riego todas las garantías constitucionales y convencionales, además subordinando a las Fuerzas Armadas, utilizándolas para servir en Inteligencia y seguridad interior, violentando el art 99 de la Constitución Nacional” dijo a La Jornada la abogada Claudia Roca, presidenta de la Asociación Americana de Juristas (AAJ).
La norma “no deja ninguna posibilidad de recurrir a la justicia, que es un tema del Congreso de la Nación, y Argentina no es un país en conflicto, ni en guerra que amerite en forma alguna las violaciones de todas las normas y convenciones internacionales”, sostuvo.
Añadió que el DNU “está destinado a imponer un estado represor e imponer las reformas que se vienen para acallar la resistencia política, sindical, de la sociedad toda y, en lo económico, fundamentar un estado depredador. Nos coloca bajo un sistema similar al régimen nazi como el de 1933 en Alemania”.
También remarcó las violaciones a todos los pactos internacionales y las garantías internacionales sobre los derechos humanos, civiles, políticos e individuales.
Por otra parte, los medios locales señalan que uno de los puntos clave del decreto es la consolidación de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) como el órgano rector y superior del sistema, que tendrá entre sus entidades descentralizadas al Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC), la Agencia Federal de Ciberinteligencia (AFC) y la Inspectoría General de Inteligencia (IGI).
“Ya desde esta mañana comenzaron a llover una cantidad de demandas y presentaciones ante la Cámara de Diputados, primero, para pedir la conformación de las comisiones bicamerales de Trámite Legislativo y la de Seguimiento de las Actividades de Inteligencia. El bloque de Provincias Unidas elevó un pedido a la vicepresidenta Victoria Villarruel y al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para que ordene la conformación de las dos bicamerales” señaló El Destape.
También hizo lo propio el bloque de Unión por la Patria, a través de su jefe, Germán Martínez. “No hay necesidad ni urgencia. Llamen a Extraordinarias y manden el proyecto de ley. Mientras, crece el repudio generalizado, incluyendo las reticencias de Propuesta Republicana (PRO), asociada a la gobernante “La Libertad Avanza”. La oposición actuará en forma inmediata a todos los niveles ante lo que consideran “la mayor amenaza contra la democracia en los últimos tiempos”, afirmó.
Tanto la Confederación General del Trabajo (CGT) como las dos organizaciones sindicales que conforman la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), enviaron sendos comunicados a la prensa con un fuerte rechazo a la reforma por DNU de la Ley de Inteligencia.
“Nos remontan a experiencias trágicas de nuestro pasado -épocas nefastas de persecución ideológica y violencia social, estas iniciativas, divorciadas de las genuinas prioridades de nuestro pueblo, surgen como el complemento represivo indispensable de un programa económico y social de ajuste continuo que se está llevando a cabo y que no resultará sustentable en el tiempo”, agregó la central.
En el marco de un repudio generalizado la CGT consideró que “La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su opacidad y su poder sin control parlamentario; todas sus actividades de espionaje pasarán a ser ‘encubiertas’, transformando a los agentes de inteligencia en ‘policía secreta’ o ‘fuerza parapolicial’, y habilitando la detención de personas sin orden judicial”.
Destacó además que las Fuerzas Armadas y las de seguridad pueden “realizar tareas de inteligencia interior”, facultando “la ejecución de tareas” ante la “fuga de información clasificada”, una situación que “representa hostigamiento y censura sobre el ejercicio de un periodismo libre”.
La CTA sostuvo que el decreto cristaliza una “arquitectura legal para la vigilancia masiva y la persecución política, sindical y social, constituyendo un retroceso gravísimo y un peligro extremo para las libertades individuales.
El gobierno reformó todas las normativas del Sistema de seguridad nacional modificando la ley N° 25.520. Los medios locales destacaron la salida del organismo del control de la seguridad interna y la facultad de detener personas en casos específicos.
Según el decreto, los cambios buscan “modernizar estructuras, evitar la superposición de funciones y mejorar el intercambio de información estratégica”. Sin embargo, desde la oposición denuncian la creación de un “estado policial”.
La medida da “carácter encubierto” a todas las actividades de inteligencia nacional debido a su “sensibilidad”. El objetivo, según el Ejecutivo, es minimizar el riesgo estratégico nacional.
También se crea el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC) para separar las funciones de inteligencia de las de protección civil. Será un organismo descentralizado bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete y su función es proteger infraestructuras críticas y activos digitales del Estado.
Vale recordar que la ciberseguridad está en manos de la inteligencia israelí, desde 2017, cuando así lo acordó la actual senadora y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con el Primer Minisitro israelí Benjamín Netanyahu, en su visita a Tel Aviv.
Todos los organismos como el Servicio de Paz y Justicia, que preside el Premio Nobel de la Paz (1980) Adolfo Pérez Esquivel, así como Madres, Abuelas de la Plaza de Mayo, y otros, rechazaron y repudiaron el decreto y anunciaron gestiones a nivel nacional e internacional “porque además están todos los decretos anteriores, que violan todos los derechos humanos, de los pueblos, y sociales, esto significa el fin de la escasa democracia que nos queda”.
