Arturo Huerta González
El 26 de noviembre de 2025 la presidenta del país dijo que “no hay dinero para pagar lo que exigen los agricultores” y que “no se puede prometer lo que no se es posible entregar”. El gobierno ha señalado que “la petición de los productores de fijar un precio muy superior al valor actual de mercado para todo el maíz nacional rebasa la capacidad financiera del gobierno” y que las demandas de los agricultores “deben ajustarse a la disponibilidad presupuestal, pues las finanzas públicas tienen límites”.
Tal discurso es el mismo de los presidentes neoliberales que nos vienen gobernando desde los años ochenta del siglo pasado. Al limitar el gasto público respecto a los ingresos, el gobierno quiere ser bien visto por las calificadoras internacionales, por el Fondo Monetario Internacional y por el sector financiero nacional e internacional, lo cual ha llevado a reducir el tamaño y participación del gobierno en la economía y a relegar los objetivos de crecimiento del sector productivo, como la generación de empleo que demanda la población. Es un crimen recortar el gasto público en un contexto donde la economía no crece y no se atienden los reclamos de amplios sectores de la población.
Hay que señalar que un gobierno soberano no tiene límites financieros. Recursos financieros hay. Es cuestión que se cambie la Ley Orgánica del Banco de México para que este compre deuda directa al gobierno a baja tasa de interés para que pueda expandir su gasto e inversión para satisfacer las demandas de los agricultores, como para impulsar la sustitución de importaciones agrícolas y manufactureras y la generación de empleo y ello no sería inflacionario pues estaría incrementándose la producción y reduciría el déficit de comercio exterior y generaría ingresos para cubrir el pago de la deuda. El gobierno puede también disminuir los recursos a los proyectos fallidos como los destinados al tren Maya, al tren del Istmo de Tehuantepec y a la refinería Dos Bocas y asignarlo al apoyo a los productores de granos básicos que es un sector estratégico indispensable para asegurar la autosuficiencia alimentaria en estos rubros.
El gobierno dice que la solicitud de un precio de garantía del maíz de 7,200 pesos la tonelada está muy por arriba del mercado y que sale muy costoso al gobierno absorber la diferencia. El problema es que el precio nacional no debe establecerse en torno al mercado de economía abierta, determinado por la Bolsa Mercantil de Chicago, pues ello ha llevado a que las importaciones baratas desplacen a la producción nacional y se comprometa la autosuficiencia alimentaria de granos básicos y afecte no solo a los productores agrícolas, sino que incrementa el déficit de comercio exterior y hace más dependiente a la economía de la entrada de capitales, para lo cual tiene que establecer altas tasas de interés para estimular su entrada y ello incrementa el costo del servicio de la deuda del gobierno, de las empresas y familias y restringe la inversión, el gasto y la actividad económica.
Los productores del campo no se movilizan para defender algún privilegio como dice el gobierno; ellos están por que se instrumenten políticas para impulsar el campo mexicano y avanzar en la autosuficiencia alimentaria, y de ahí que demandan que se deje de importar los granos básicos, que se otorguen créditos baratos y se establezca un precio justo a tales productos.
El gobierno no accede a ello por temor a la inflación y a la devaluación, que afectaría al sector financiero, el cual requiere de baja inflación y estabilidad de la moneda para así salvaguardar su capital. Como la economía no tiene condiciones para bajar la inflación, dada la baja productividad y rezagos productivos, ha procedido estimular entrada de capitales para abaratar el dólar y así las importaciones para bajar la inflación, todo lo cual favorece al sector financiero y a los productores de EU y de otros países que inundan el mercado interno con sus productos a costa de desplazar a los productores nacionales y no tener política a favor del crecimiento económico.
Se debe gobernar en beneficio de país y no en contra de él. Se tiene que incentivar la producción y el empleo nacional, aunque ello resulte -aparentemente- y en el corto plazo más caro, debido a que ello estaría impulsando el crecimiento económico y el empleo, se reduciría el déficit de comercio exterior y los trabajadores tendrían ingreso para sortear los problemas de los mayores precios y no seguir como hasta ahora bajando la inflación a favor del sector financiero y de los productores de EU con productos importados que nos han llevado a tener menos industria y producción de granos básicos, lo que ha frenado el crecimiento económico, aumentado el desempleo, el subempleo y deteriorado el nivel de vida de la población.
El gobierno se opone a la solicitud de los agricultores de sacar los granos básicos del T MEC, debido a que teme que EU imponga mayores restricciones a las exportaciones que México realiza a tal país. Ante el conocimiento de las exigencias de los agricultores nacionales, los congresistas estadunidenses le mandaron una carta al encargado de negocios de dicho país diciéndole que tiene que defender las exportaciones agrícolas que EU realiza hacia México, pues éste es su principal mercado. Si el gobierno mexicano acepta seguir importando tales productos continuará actuando a favor de los productores estadunidenses en detrimento de los productores nacionales, comprometiendo más el autoabasto, además de llevarnos a depender más del exterior.
Dijo la presidenta que “hay que ser muy responsable en qué se puede o no”, y al respecto hay que decir que la política económica debe ser responsable para satisfacer las demandas no solo de los productores agrícolas, sino también de los que claman oportunidades de empleo bien remunerado, justo para encarar la pobreza y delincuencia creciente que se vive en el país, para lo cual el gobierno tiene que dejar de lado los recortes presupuestales y hacer que el banco central sea funcional al crecimiento del sector productivo y del empleo, y se debe revisar la apertura comercial e instrumentar políticas proteccionistas a favor de la producción nacional. Si el gobierno no aumenta la inversión y el gasto para impulsar la inversión privada, la producción y el empleo, si el banco central no baja la tasa de interés, la economía se encamina a una crisis.
Sin crecimiento de la producción y del empleo, no hay crecimiento. Se tiene que dejar de lado las políticas neoliberales. De no satisfacer el gobierno los requerimientos de la población y si continúa actuando a favor de los intereses de EU y del sector financiero, se acentuarán más los problemas económicos y sociales y el descontento de los sectores afectados, por lo que serán crecientes las movilizaciones.
ahuerta@unam.mx
Profesor del Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM desde 1975
