Federico Anaya Gallardo
De los dos comentaristas contrarios a las ternas que el presidente López Obrador mandó al Senado para ocupar el sillón de Góngora Pimentel (1995-2009, 14 años) y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea (2009-2023, 14 años) que he analizado en este espacio, el mejor es el colimense Rubén Pérez Anguiano. Él afirmó que las personas propuestas debían ser legítimas y explicó que “la legitimidad es algo más profundo que la simple legalidad … no se trata de que alguien cumpla los requisitos, sino de que sea idóneo para alcanzar las expectativas”. ¿A qué se refiere? Nos dice que “la [primera] terna … exuda compromiso con el presidente y cumple los requisitos normativos, pero nada más. Las tres personalidades propuestas no logran alcanzar la necesaria legitimidad. No dan el ancho, pues”. (Liga 1.)
En otras palabras, el compromiso con el presidente hace ilegítimas a las abogadas propuestas. Supongo que lo mismo aplica para la compañera Eréndira Cruzvillegas Fuentes, que fue agregada como reemplazo de la consejera jurídica del Ejecutivo Federal para formar la segunda terna. Cruzvillegas está sirviendo actualmente en la Secretaría de Cultura federal. Por tanto, Eréndira debe exudar lo mismo que Lenia Batres Guadarrama y Bertha Alcalde Luján.
Sin embargo, detrás del argumento de Pérez Anguiano se alcanza a percibir algo más. Es evidente que lo que molesta es el compromiso político-ideológico con la izquierda de las cuatro abogadas propuestas por Andrés Manuel. Por eso es que Jesús Silva-Herzog Márquez tronaba el 20 de noviembre próximo pasado en Reforma contra “el árbitro [que] tira el silbato y corre para brincar a la porra. Ya con el uniforme de uno de los equipos del torneo hace breves declaraciones”… al criticar la renuncia de Zaldívar. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se percibe como un árbitro entre los bandos político-ideológicos. En esta visión, las y los ministros deberían ser completamente ajenos a la política partidista. Ya dije, en este espacio, que eso es una soberana ingenuidad. (Liga 2.)
El arreglo constitucional para elegir ministros y ministras de nuestro máximo tribunal siempre ha asumido que se trata de cargos políticos que están relacionados a los posicionamientos ideológicos en el país. Por eso era que entre 1857 y 1910 sus miembros se elegían democráticamente por la ciudadanía. Y por eso fue que en 1917 el texto original de nuestra actual carta magna ordenaba que los candidatos fueran propuestos por las legislaturas de los estados (ellas electas democráticamente) y que las dos cámaras federales (también electas democráticamente), reunidas en congreso general, eligiesen a los ministros. Es decir, ninguno de nuestros congresos constituyentes optó por el sistema estadunidense de propuesta de Presidencia/aprobación del Senado. La intención siempre ha sido que hubiese un control democrático, mayoritario, de la Suprema Corte.
Otra señal de que la SCJN no es realmente un poder contra-mayoritario es que sus ministros casi nunca han sido permanentes. Siempre se les ha puesto un límite, de modo que la composición del máximo tribunal sea afectada por los dos poderes que las ciudadanía elije, por mayoría democrática, cada tres y cada seis años.
Esta es la explicación última de por qué, desde 1928 –cuando introdujimos la idea de propuesta Presidente/aprobación Senado– siempre se dejaba la salida de que, a falta de mayoría calificada en la cámara, fuera el Poder Ejecutivo quien designase de modo directo. Insisto, esta “cláusula de escape” es autoritaria y sería mejor substituirla por otro mecanismo (reducción de la mayoría calificada, a-la-INAI; o insaculación a-la-INE). O mejor, regresemos al modelo original mexicano de 1857. (La propuesta obradorista de una elección democrática entre 60 personas candidatas nombradas 20 por la Suprema Corte, 20 por la Presidencia y 20 por el Congreso, avanzada para el TEPJF, es una idea razonable.)
Regresemos a lo político, lectora. Durante el debate sobre la primera terna (Ríos, Batres, Alcalde), los posicionamientos de la oposición son ilustrativos. (Liga 3.)
El senador Manuel Añorve Baños (PRI-Guerrero) explicó que “las candidatas no tienen carrera judicial y son militantes abiertamente de la 4T … Votaremos en contra porque no podemos permitir que el Ejecutivo Federal trate de arrodillar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
El senador Clemente Castañeda Hoeflich (MC-Jalisco) aseguró que “esto es parte de una maniobra para apoderarse del Poder Judicial por parte del presidente de la República”.
El senador Julén Rementería del Puerto (PAN-Veracruz) dijo que los albiazules decidieron votar en contra de las propuestas del presidente “porque claramente se ve la subordinación ideológica … [y] no se generan condiciones para independencia que debe … tener” el poder judicial.
El senador Miguel Ángel Mancera (PRD-Plurinominal) aseguró que los tres senadores amarillos votarían con sus aliados electorales.
Finalmente, a nombre del “Grupo Plural” de senadoras y senadores, Germán Martínez Cázares (Independiente, plurinominal… un panista que llegó al Senado en la lista de Morena) explicó a El Financiero que él y sus cuatro compañeros votarían contra la primera terna porque todo era un “atropello” y en su opinión no había terna, sino “dueto” o “dúo” porque la consejera jurídica del Ejecutivo Federal (Ríos) debía considerarse inelegible porque la Consejería es equivalente a un secretaría de Estado.
El primer problema con estas declaraciones es que, si revisamos los votos en el pleno y las dos salas del máximo tribunal, encontraremos que, de los once sillones de la Corte, el obradorismo sólo cuenta con dos: Yazmín Esquivel Mossa (nombrada a propuesta de López Obrador en 2019) y Loretta Ortiz Ahlf (nombrada a propuesta de López Obrador en 2021). Ciertamente, hay otras dos personas nombradas por el Senado también a propuesta de López Obrador: Juan Luis González Alcántara-Carrancá (2018) y Ana Margarita Ríos Farjat (2019). Pero ambos votan sistemáticamente con la mayoría formada por seis ministros y ministra nominados por los presidentes Calderón (PAN) y Peña (PRI). González Alcántara-Carrancá incluso salió a marchar para defender los privilegios indebidos que se esconden en los fideicomisos que la Presidencia y las mayorías en las cámaras han ordenado disolver.
Así las cosas, si López Obrador lograse colocar a una de sus propuestas en el máximo tribunal, sus posicionamientos político-ideológicos seguirían en una minoría de tres contra ocho. ¿Arrodillar a la Corte? ¿Apoderarse del tribunal supremo? ¿Pérdida de independencia judicial? ¿Atropello?
Más bien, todas esas palabras aplican para ellos. Durante un cuarto de siglo (1994-2018) el PRIAN dominó la Cámara de Senadores y se aseguró que en la Corte existiese una mayoría fuerte y dura que protegiese el arreglo legal del neoliberalismo. Las ventajas de la reforma zedillista nunca se activaron en beneficio de las mayorías. La Corte rechazó reconocer a los municipios indígenas como actores en controversias constitucionales que cuestionaban la falta de reconocimiento de los pueblos originarios. La Corte rechazó la realización de consultas populares que cuestionaban la privatización energética. La Corte se quedó sistemáticamente corta al investigar las violaciones sistemáticas de derechos humanos (Casos Lydia Cacho, Guardería ABC, Represión en Atenco). Peor, cuando en 2011, la mayoría neoliberal le quitó la facultad de hacer esas investigaciones, no se quejó. (Por cierto, lectora, fue Zaldívar quien defendió hasta el final –y perdió– la responsabilidad de los altos funcionarios en la tragedia del ABC.)
Cuando se dice que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es políticamente neutral, se miente. Cuando se afirma que ministras y ministros no deciden ideológicamente, se miente.
Igualmente se miente cuando se acusa al presidente López Obrador de pretender un control indebido del máximo tribunal. Tiene derecho constitucional a colocar –previa autorización del otro poder democrático, la Legislatura federal– a personas que representen la ideología que el electorado ha escogido como mayoritaria en este periodo.
Como ya expliqué, en esta ocasión el presidente apenas está peleando porque su interpretación del Derecho y de la Constitución esté razonablemente representada en la minoría de jueces constitucionales. Pero, míra con atención los números, lectora: incluso si González Alcántara-Carrancá y Ríos Farjat no hubiesen resultado personas conservadoras, la actual nominación apenas y lograría para el obradorismo democráticamente electo un grupo de cinco juzgadores en la SCJN… una minoría más grande, pero aún minoría.
Y no pienses, querida lectora, que yo crea que Alcalde, Batres o Cruzvillegas van a torcer la ley para defender una ideología. Las tres son abogadas íntegras y a lo largo de su trayectoria han demostrado respetar siempre los méritos de cada caso. Lo que les molesta a los conservadores es que esas abogadas analizarán los méritos con lentes progresistas y no con una visión tradicionalista del Derecho. Estoy seguro que, a partir de sus posicionamientos, cualquiera de ellas convencerá con razones de Justicia a sus colegas en el máximo tribunal.
Ligas usadas en este texto:
Liga 1:
https://www.afmedios.com/renuncias-y-propuestas/
Liga 2:
https://julioastillero.com/justo-vs-jesus-autor-federico-anaya-gallardo/
